Bloomberg Línea — Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, Inc. (y un joint venture entre ambas) presentaron una segunda demanda contra la República de Colombia ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid), tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial.
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Este es el segundo intento de las compañías por reclamar sus intereses en Colombia, pues una primera demanda presentada en 2019 les fue inadmitida en enero de este año.
Ahora insisten ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y acusan a Colombia por supuestas violaciones a un acuerdo comercial entre el país y Estados Unidos.
En enero, el Icsid declaró inadmisible una demanda de US$2.400 millones contra Colombia por la modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, al considerar que fue presentada de forma prematura.
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Hay que tener presente que la Contraloría General de la República de Colombia abrió acciones por responsabilidad financiera (proceso de responsabilidad fiscal) en contra de 36 personas físicas y las seis empresas involucradas en el proyecto, en un proceso de responsabilidad fiscal que llegó a US$2.879 millones.
Fueron incluidos exmiembros del directorio de Reficar, exempleados de Ecopetrol y ex empleados de Reficar, así como Chicago Bridge & Iron Company NV, CBI – Chicago Bridge & Iron company (CB&I) Americas Ltd., Chicago Bridge & Iron Company, CB&I UK Limited, CBI Colombiana SA, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.
Este es un proceso distinto al iniciado en la Cámara de Comercio Internacional a través de una solicitud interpuesta por Reficar en marzo de 2016 como resultado de la conducta de Chicago Bridge & Iron CB&I en la planeación y ejecución del Contrato EPC para modernizar la Refinería de Cartagena.
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En junio de 2023, un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional determinó el pago de US$1.000 millones a Colombia (que finalmente se convirtieron en acciones de una CB&I ya quebrada) y adicionalmente, entonces ese tribunal desestimó pretensiones de CB&I por valor aproximado de US$400 millones y ordenó la liquidación del Contrato EPC, tal como lo había solicitado Reficar.
