Bloomberg Línea — Las demandas laborales se han convertido en uno de los principales dolores de cabeza para las compañías en Colombia, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo carecen de un equipo jurídico sólido para prevenir estos conflictos y mitigar riesgos legales.
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En 2022, el Ministerio de Trabajo reportó más de 7.500 denuncias por violaciones a normas laborales, incluyendo el no pago de salarios, la falta de afiliación a seguridad social y riesgos laborales, y formas de contratación inadecuadas.
Ahora, en 2025, Soluciones Legales revela que las demandas laborales más frecuentes en las pymes colombianas están relacionadas, en su mayoría, con despidos sin justa causa, con un 50% de los casos; seguidas por la terminación de contratos a trabajadores con fuero de estabilidad laboral, con un 30%; y, por último, los errores en la liquidación de prestaciones sociales, que constituyen el 20%.
Alexander Grajales, CEO de esta firma de abogados que se enfoca en consultoría jurídica corporativa, explica que estos conflictos surgen, en muchos casos, por desconocimiento normativo o malas prácticas en la gestión del talento humano.
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Muchas empresas terminan contratos sin seguir los procedimientos establecidos, lo que provoca que los empleados demanden indemnizaciones por despido injustificado, dice el experto.
El despido sin justa causa, por ejemplo, se da cuando las empresas no cumplen con el procedimiento adecuado, como notificar faltas, aplicar sanciones progresivas y permitir la defensa del trabajador, lo que les expone a riesgos legales y financieros, asegura Grajales.
Grajales resalta que las demandas relacionadas con las terminaciones de contrato a trabajadores con fuero especial, es decir, aquellos que gozan de una protección legal debido a su situación de salud, maternidad, paternidad o su afiliación a un sindicato, representan un porcentaje importante de los conflictos laborales.
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Dichos despidos son considerados ilegales si no se siguen los procedimientos establecidos por la ley, lo que lleva a que los trabajadores recurran a la justicia para reclamar su estabilidad laboral y la indemnización correspondiente.
En cuanto a las demandas relacionadas con errores en la liquidación de prestaciones sociales, explica que estas surgen cuando los beneficios no salariales, otorgados de forma habitual, no se incluyen en la base salarial, lo que provoca reclamaciones por parte de los trabajadores.
“En estos casos, los trabajadores exigen la reliquidación de sus beneficios, como primas, cesantías, vacaciones e intereses sobre cesantías, debido a que ciertos auxilios o reconocimientos habituales no fueron correctamente considerados en el cálculo de su salario base. Esto genera disputas legales sobre la correcta interpretación de los pagos realizados”, dice Grajales.
Las consecuencias de estos errores pueden ser costosas para las empresas, con demandas que derivan en indemnizaciones, sanciones económicas y deterioro de la reputación corporativa.
La recomendación para las empresas es aplicar el debido proceso disciplinario antes de un despido, asegurarse de cumplir con las protecciones legales para trabajadores con fuero especial, y mantener un registro claro de los beneficios salariales y no salariales para evitar problemas en la liquidación de prestaciones.
Además, es necesario que las empresas cuenten con asesoría jurídica especializada en estos temas legales, ya que este tipo de conflictos se pueden prevenir y en el caso de tener una demanda en curso, se puede recurrir a mecanismos como la conciliación y el arbitraje.
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Estos métodos alternativos de resolución de conflictos permiten llegar a acuerdos de manera más ágil y menos costosa, evitando largos procesos judiciales que podrían generar sobrecostos y dañar la reputación de la compañía.
