Bloomberg — La crisis del sistema sanitario colombiano ha alcanzado niveles “críticos” al no proporcionar a los pacientes acceso a los servicios médicos y a los medicamentos, advirtió el organismo independiente de vigilancia de los derechos humanos del Gobierno.
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Reportes de medios de comunicación locales mostraron largas filas de personas esperando fuera de las oficinas donde se desembolsan los medicamentos en las principales ciudades, incluidas Bogotá y Cali, sólo para salir con las manos vacías.
Grupos de la salud y de la industria afirman que los retrasos en los pagos del gobierno y transferencias insuficientes han dejado a las empresas ahogadas en deudas y han provocado que dejen de prestar servicios.
El presidente Gustavo Petro, sin embargo, sostiene que los dispensarios están acaparando medicamentos en un intento de echar la culpa al gobierno y torpedear sus esfuerzos por revisar el sistema sanitario.
El organismo de control, conocido como Defensoría del Pueblo, dijo el martes que las quejas sobre el sistema de salud han aumentado más del 75% en los dos últimos años. “Cualquier argumento basado en la falta de fondos es inadmisible porque eso significaría subordinar las razones financieras a los derechos humanos”, dijo Iris Marín, directora de la defensoría del pueblo, en un vídeo publicado en X.
A principios de este año, la Corte Constitucional de Colombia declaró que la llamada UPC -una fórmula que determina cuánto transfiere el Estado a las aseguradoras por usuario- era insuficiente para 2024 y 2025 y ordenó al Gobierno que tomara medidas correctivas.
El gobierno debe a los distribuidores de medicamentos más de 4 billones de pesos (US$974.000), lo que ha provocado que los inventarios caigan por debajo de la media histórica, según la asociación de minoristas Fenalco.
Petro no ha logrado hasta ahora que el Congreso apruebe importantes reformas sociales, como la reforma laboral y del sector sanitario, por lo que ha convocado en su lugar una consulta popular para decidir sobre las propuestas rechazadas por los legisladores.
Aunque dicha votación en sí también necesita la aprobación del Congreso, se considera una forma de aumentar el apoyo al gobierno izquierdista de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
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