Bloomberg Línea — La puja por el salario mínimo es una de las discusiones más fuertes en Colombia al cierre de cada año por la necesidad de buscar un equilibrio entre el control de la inflación y el reconocimiento a los trabajadores.
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Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que cuando el presidente Petro llegó a la presidencia, “el salario mínimo estaba en menos de un millón, este año puede terminar en COP$1.800.000”.
Expertos han advertido en reiteradas oportunidades que al incrementar el salario mínimo muy por encima de la inflación, los precios al año siguiente suben desmedidamente afectando el control del poder adquisitivo.
Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro ha enarbolado la bandera de las alzas salariales por encima de la inflación desde que asumió el poder en 2022.
Antes de su llegada el salario mínimo en Colombia era de COP$1.000.000, sin embargo, tras tres años en el cargo lo ha incrementado hasta COP$1.600.000, incluyendo el auxilio de transporte.
Esta es una de las razones que ha expuesto el Banco de la República para mantener la cautela en las tasas de interés.
La inflación cerró en 2024 en 5,2% y tras nueve meses no ha cedido, en parte, dice el banco central, por el excesivo aumento de los salarios en Colombia.
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Desde el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso, el presidente Petro advirtió que “me queda un año y voy a aprovechar para que sigan subiendo”.
A pesar de los rebrotes inflacionarios, su ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha advertido que no se relaciona el aumento de los precios con las alzas del salario mínimo.
Los empresarios, representados por la ANDI y su presidente Bruce Mac Master, han advertido que podrían no acudir a la mesa tripartita de fin de año si la decisión de aumento ya está tomada por el Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno destaca los avances del mercado laboral que encuentra en su mejor momento del siglo, sin embargo, sectores de oposición resaltan que la mayor empleabilidad está respaldada por lo que conoce como “empleo militante”, es decir, empleos en el sector público y por los trabajadores por cuenta propia, es decir, aquellos que no están ligados a una empresa, que no cotizan para salud y pensión y que no tienen los beneficios de un empleado formal.
