Bloomberg Línea — El Gobierno colombiano dio un paso decisivo en su plan de reactivar el sistema férreo nacional con la aprobación del documento Conpes 4171, que declara de importancia estratégica el Tren de Zipaquirá, una iniciativa que conectará el norte de Bogotá con varios municipios de la sabana.
“El Tren de Zipaquirá marca un hito en la movilidad sostenible de la Región Metropolitana”, afirmó Natalia Irene Molina Posso, directora general del Departamento Nacional de Planeación. “Es un tren eléctrico que busca consolidar la reindustrialización del centro del país al reducir costos y tiempos de viaje y consolidar una industria asociada a bienes y servicios alrededor del modo ferroviario”.
Con una inversión estimada de $17,45 billones, unos US$453 millones, el proyecto se convierte en uno de los pilares de la movilidad regional de la próxima década.
Del total de recursos, la Nación asumirá el 68,48% del financiamiento —equivalente a COP$11,95 billones—, mientras que la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital aportarán el 31,52% restante, con contribuciones de COP$3,1 billones y COP$2,3 billones, respectivamente. Los desembolsos están proyectados entre 2026 y 2039 mediante el mecanismo de vigencias futuras, lo que permitirá garantizar la continuidad de las obras y su operación a largo plazo.
El trazado del tren contempla una longitud de 49 kilómetros, con 17 estaciones distribuidas entre los municipios vecinos de la capital del país como Zipaquirá, Cajicá, Chía, y Cota.
De acuerdo con la planeación técnica, 24,6 kilómetros estarán dentro del Distrito Capital y 24,3 kilómetros en la provincia de la sabana centro.
El sistema se integrará con la red existente del Metro de Bogotá, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Regiotram de Occidente, lo que consolidaría un esquema intermodal de movilidad para la región.
Cuando entre en operación, el Tren de Zipaquirá movilizará alrededor de 187.000 pasajeros diarios, con una reducción estimada de hasta 60 minutos por viaje entre los municipios del norte y el centro de Bogotá.
Además de descongestionar uno de los corredores más saturados del país, el sistema busca mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono asociada al transporte diario de miles de personas.
El proyecto forma parte de la Estrategia de Reactivación Ferroviaria impulsada por el Gobierno nacional, que también contempla la rehabilitación de 278 kilómetros de vías férreas en los corredores Pacífico y Bogotá–Belencito.
Estas obras se desarrollan con una inversión superior a COP$1,5 billones y buscan reactivar la conexión logística entre puertos, zonas industriales y centros urbanos, que privilegian el transporte multimodal de carga y pasajeros.
Más allá de su impacto en la movilidad, el Tren de Zipaquirá también se proyecta como un catalizador de desarrollo urbano y productivo para la sabana centro.
Su construcción y operación generarían miles de empleos directos e indirectos, impulsando la demanda de bienes y servicios relacionados con la industria ferroviaria. A largo plazo, se espera que el corredor férreo contribuya a la reindustrialización del centro del país y a la creación de un ecosistema tecnológico asociado a la movilidad sostenible.
El documento Conpes establece los lineamientos técnicos, financieros e institucionales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, que será clasificado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pines).
Con esta declaratoria, el tren se incorpora formalmente a la lista de obras prioritarias de infraestructura del país, asegurando su continuidad independientemente de los cambios de administración local o nacional.
Si se cumplen los cronogramas previstos, las obras iniciarían en los próximos años y la operación comercial podría comenzar hacia finales de la década.
El Tren de Zipaquirá no sólo busca conectar municipios, sino también redefinir la relación de Bogotá con su entorno metropolitano. En un contexto de expansión urbana y aumento de la demanda de transporte, el regreso del tren representa una oportunidad para modernizar la infraestructura pública y avanzar hacia una movilidad más eléctrica, sostenible y regionalmente integrada.
