Bloomberg Línea — La violencia en Colombia no solamente ha ocasionado el desplazamiento de poblaciones enteras, sino que, como sucedió en la década de los 90, se ha convertido en una barrera para que las empresas saquen adelante proyectos productivos y operen con normalidad sus plantas de producción.
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La madrugada del lunes sorprendió a los contratistas y constructores de la Troncal del Magdalena 2 por un atentado sufrido contra la infraestructura de la obra. Un grupo armado, versiones iniciales hablan de la narcoguerrilla del ELN, destruyó maquinaria que pone en riesgo la obra.
KMA y Ortiz Construcciones, empresas a cargo del proyecto, reportaron que los delincuentes incendiaron y destruyeron más de 33 equipos, maquinaria, vehículos de obra esenciales para la ejecución del proyecto de infraestructura vial.
Un empresario del sector energético colombiano le dijo a Bloomberg Línea que la Paz Total del Gobierno fracasó y que prueba de ello es que para los contratistas de la empresa que lidera es complejo llegar a los proyectos dado que existen bandas dedicadas a la extorsión que les dificultan cumplir con las labores para las cuales fueron contratados.
Dice que prefiere mantener en anonimato su nombre y empresa porque considera que el Gobierno Petro castiga a quienes se pronuncian en contra y pone como ejemplo las recientes sanciones conocidas contra Vanti y Enel.
Recientemente la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó a Vanti por, supuestamente, inflar tarifas de gas hasta un 36% en 2025, pese a contar con reservas nacionales suficientes, obligándola a devolver los cobros indebidos a más de 2,5 millones de usuarios . Enel por su parte, fue multada con más de COP$7.200 millones por fallas en el servicio eléctrico en Cundinamarca, incluyendo interrupciones, deficiente mantenimiento y errores en la facturación .
Este CEO advierte que zonas como el Valle del Cauca y el Magdalena se han convertido en los puntos más críticos para el sector empresarial. Además, cuenta que la extorsión en ciudades como Santa Marta es particularmente crítica.
“La relación de la violencia y el crimen con el deterioro del crecimiento económico es directo”, dice la senadora Paola Holguín, que además, cita un estudio del BID de 2022 que estableció que el costo del crimen y la violencia en Colombia fue el 3.64% del PIB, es decir, COP$68 billones ese año.
Adicionalmente, dice la senadora, “hay factores asociados a la logística, como los bloqueos. El año pasado, Colombia sufrió, según Colfecar, 801 bloqueos que llevó a perder 12.018 horas y este año, a abril, llevamos 274 bloqueos y una pérdida de más de 4.700 horas”.
Según Fenalco, 60% de los empresarios han considerado abandonar el país por inseguridad o por extorsión y la inversión extranjera directa en lo que va al gobierno ha caído un 50%.
“Es claro que la inversión, el crecimiento económico, la formación de empresa requiere seguridad física, estabilidad jurídica y seguridad política”, añade Holguín.
Experto consideran que hay empresarios a la espera de un cambio de Gobierno para retomar inversiones en Colombia. “Para ser honesta por mis conversaciones, creo que más empresarios están esperando a que Petro se vaya y están empezando a reconsiderar las inversiones en Colombia para después de las próximas elecciones, sin tener en cuenta la violencia”, dijo a Bloomberg Línea Cate Klemme, directora de Operaciones de Southern Pulse, una empresa de asesoramiento estratégico centrada exclusivamente en América Latina.
La experta agrega que “¿Creo que es un error? Sí, porque es una situación muy volátil, pero yo entiendo contextualmente y desde una perspectiva de inversión en cuanto a por qué están pensando de esa manera".
Problemática transversal
La ola de violencia no solamente ha desencadenado el desplazamiento de miles de personas, como sucedió en el Catatumbo al inicio de 2025, sino que también ha afectado a diversos sectores económicos.
Uno de los más afectados es el sector de los hidrocarburos. Canacol Energy, una empresa dedicada a la explotación de gas, ha denunciado a lo largo del año las dificultades que está experimentando para realizar sus operaciones.
Pese a los esfuerzos realizados para el desarrollo del proyecto Sucre Norte, ubicado en San Marcos, Sucre, Canacol Energy informó que han sido frecuentes los bloqueos ilegales y actos vandálicos que amenazan la seguridad de la operación.
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Canacol destaca que este proyecto está amparado por la Licencia Ambiental 098 de 2008 y los mismos bloqueos generan impacto en el medio ambiente y la convivencia pacífica en la región.
En ese caso particular, la compañía ha identificado quienes promueven los bloqueos y en este caso no se refiere a grupos armados ilegales. Los responsables habrían promovido sistemáticamente desinformación y confrontaciones dentro de la comunidad.
“Las acciones han sido promovidas por una familia en particular que ha exigido pagos económicos a cambio de permitir el avance de las actividades”, señaló Canacol, y aseguró que existen registros en video donde aparecen integrantes de dicho grupo familiar admitiendo estar solicitando dinero para permitir el acceso al área.
Zonas vetadas
El sector transporte ha sido históricamente uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc hubo mejoras en el control del orden público, sin embargo, los transportadores ven que nuevamente se está retrocediendo en materia de seguridad.
“Hay departamentos en los que no se puede transitar durante las 24 horas”, dice Nidia Hernández, presidenta de Colfecar que agrupa a un número representativo de transportadores en el país.
Advierte que las zonas más críticas para el transporte son: Arauca, Norte de Santander, Chocó y el Cauca. Además, dice que en el Cauca han identificado dos puntos, a través de GPS, en donde “desvían los vehículos hacia zonas a las que el Ejército y la Policía no tienen acceso”, pero también, han identificado que los vehículos una vez interceptados “terminan en resguardos indígenas, a los cuales la fuerza pública no tiene acceso”.
Explicó que presentó un derecho de petición al Ministerio del Interior para que interceda por el sector ante dichos resguardos para que se indague por qué los vehículos llegaron allí.
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Además, denuncia que, en departamentos como el Huila, “los trasportadores son extorsionados hasta por tres grupos distintos”.
A pesar de la voluntad de las fuerzas armadas, Hernández dice que mientras estas dos instituciones “sufran de un detrimento en los presupuestos que les asignan, y mientras persistan ceses al fuego que lo único que han hecho es fortalecer a los grupos armados, pues realmente por ahí no es la solución”.
Balance del gobierno
A pesar de las denuncias que ha realizado el sector privado, el Gobierno de Gustavo Petro ha resaltado los continuos golpes que les ha dado a los grupos al margen de la ley.
A finales de marzo el presidente Petro aseguró que “la policía capturó en ocho departamentos 92 extorsionistas y 38 secuestradores. Cayeron personas dedicadas a la delincuencia del ELN, del Clan del Golfo y otro tipo de bandas y organizaciones”.
Incluso, el presidente Petro ha manifestado que como parte de su política de seguridad se ha realizado la entrega voluntaria de armamento de guerra por parte del ELN.
Petro ha indicado que hay procesos de paz que han avanzado exitosamente a lo largo de los últimos meses, razón por la cual, ha suspendido la extradición de algunos de sus líderes.
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“La ley permite zonas de concentración en los procesos más avanzados de paz y suspender extradiciones si se está en uno de ellos. Así se hizo en el pasado y se hará en el presente”, dijo el mandatario.
Además, indicó que hay dos procesos que han llegado a la fase avanzada: El del frente 33 del EMC en el Catatumbo y el de Comuneros del Sur en Nariño, avanza el de la coordinadora nacional guerrillera y el proceso sociojurídico de las bandas de Medellín “de los cuales esperamos el equipo de la fiscalía destinado a este fin”.
Según el presidente, su Gobierno ha utilizado una estrategia “político militar” que consiste en “ganar la población del territorio en conflicto transformando sus condiciones de vida”, lo cual implica defender procesos de negociación serios y atacar a quienes no quieren dejar la violencia.
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