Bloomberg Línea — La Corte Constitucional de Ecuador aprobó una de siete preguntas incluidas en la consulta popular que el Gobierno del presidente Daniel Noboa está convocando y busca realizar antes de que termine 2025.
La pregunta plantea a los ciudadanos si están de acuerdo con el regreso de las bases militares extranjeras a Ecuador para combatir al crimen organizado, hecho que implica una modificación parcial al artículo 5 de la Constitución.
El interrogante dice: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.
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El aval a la pregunta sobre las bases militares fue comunicado por la Corte Constitucional en la noche del 7 de agosto, a través de un pronunciamiento en sus canales oficiales.
“La Corte examinó los considerandos, la frase introductoria, el texto de la pregunta y anexos que acompañan al referéndum”, sostuvo el alto tribunal. “Tras este análisis, determinó que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.
La prohibición de bases extranjeras en Ecuador, que busca reformar el actual Gobierno, fue consignada en la Constitución de 2008, promovida en ese entonces por Rafael Correa. De ahí la salida de una base militar estadounidense en Manta.
La Corte Constitucional también debe validar las otras seis preguntas de la consulta popular y referéndum para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador haga la convocatoria.
Pero no todos los interrogantes están relacionados con el tema de seguridad. Uno, por ejemplo, busca promover la contratación laboral por horas, y otro, reducir el número de diputados en la Asamblea Nacional.
La Corte, bajo presión del Gobierno
La aprobación de la pregunta relacionada con el regreso de las bases militares extranjeras a Ecuador fue avalada luego de que el presidente Noboa y su Gobierno presionaran a la Corte Constitucional por sus decisiones recientes.
El alto tribunal admitió demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia —iniciativas impulsadas por el Gobierno y aprobadas en la Asamblea Nacional—, suspendiendo 17 de sus artículos el 4 de agosto.
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Tras ello, el presidente Noboa convocó a una jornada de protesta contra el organismo constitucional el próximo 12 de agosto.
“Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos a la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, dijo durante un evento público el 6 de agosto.
En ese contexto, la ONU y Human Rights Watch (HRW) pidieron al Gobierno dejar de atacar a la Corte y garantizar la independencia de los poderes del Estado.
“Rechazamos los ataques a la Corte Constitucional por suspender normas que amenazan derechos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
