Bloomberg Línea — El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, acusó este lunes al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por un presunto delito de concusión, en relación con contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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La acusación del delito contra los deberes de la función pública obligaría a activar el proceso establecido por la legislación nacional para levantar la inmunidad del mandatario.
“Este delito sanciona con penas de dos a ocho años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”, explicó la Fiscalía General en un comunicado, en relación al artículo 355 del Código Penal.
La acusación presentada por Díaz será analizada por la Corte Suprema de Justicia, que decidirá en un plazo no determinado, si traslada el asunto a la Asamblea Legislativa para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
El fiscal general explicó que se investigó la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026″.
La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien en el momento de los hechos investigados, era jefe de Despacho del presidente Chaves.
Los detalles del caso
El caso involucra posibles irregularidades en la contratación de la empresa RMC La Productora, de Cristian Bulgarelli, quien habría redactado los requisitos del concurso del BCIE para adjudicar un contrato de US$405.000 en 2022.
En junio de 2024, el BCIE sancionó a Bulgarelli y su empresa con un veto de siete años por fraude y colusión, ya que el proveedor admitió haber coordinado los términos del proceso con una exfuncionaria del Ministerio de Comunicación de Costa Rica.
Bulgarelli, quien se liberó de acusaciones a cambia de colaborar con la Fiscalía, dijo que, por petición de Chaves, depositó US$32.000 del contrato en favor del otrora asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, a cambio de ganar el aparente concurso a la medida.
El diario La Nación dio a conocer el caso, cuando publicó audios proporcionados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ocupó el cargo durante cuatro meses desde mayo de 2022. Navarro grabó los audios “para documentar hechos ilegales o inmorales y los entregó al medio para hacer lo correcto”.
Tras la filtración, el Gobierno ha sostenido que fue Navarro quien presentó a Bulgarelli en Casa Presidencial y que el mandatario no lo conocía. En diciembre de 2023, el Ejecutivo presentó una denuncia penal en contra de la exministra y La Nación por la divulgación de los audios, considerándolos ilegales.
El caso se tramita bajo el expediente N.° 23-000057-0033-PE. Hasta el mediodía del lunes, Casa Presidencial aún no había emitido una reacción oficial sobre esta acusación.
En marzo, Chaves lideró una marcha para exigir la renuncia del fiscal general. El mandatario y partidarios acudieron al Poder Judicial para exigir la salida de Díaz.
