Bloomberg Línea — El Gobierno de Costa Rica prometió que, antes de finalizar su gestión en mayo de 2026, estará construida una nueva cárcel con capacidad para 5.000 reos.
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En declaraciones a El Observador, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, dijo que la infraestructura de máxima seguridad estará basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, la megacárcel con capacidad de 40.000 privados de libertad construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar a los reos más peligrosos.
La prisión salvadoreña ha vuelto a captar la atención internacional tras el reciente acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para encarcelar a presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos de los migrantes deportados.
Diversas organizaciones han expresado preocupación por estas medidas. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció este viernes que los gobiernos de EE.UU. y El Salvador han sometido a más de 200 venezolanos enviados a la megacárcel a desaparición forzada y detención arbitraria, dejándolos “por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”.
Construir cárceles nuevas
La semana pasada, el ministro Campos, y su equipo técnico visitaron el Cecot, acompañados por el titular de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.
En esa ocasión, el funcionario costarricense habló sobre la necesidad de “construir cárceles nuevas que sean acordes al nivel de criminalidad que viven nuestros países”.
“No se trata de copiar y pegar sino que se trata de conocer lo que hemos hecho e intentar en cada uno de los países, lo que lo que se puede hacer precisamente para rescatar a miles de costarricenses, a miles de salvadoreños y encarcelar a cientos”.
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
Campos también subrayó que el interés del gobierno de Costa Rica en replicar el modelo salvadoreño responde a la creciente ola de violencia que vive el país, que en 2024 cerró con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, después de 2023 (905), según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esta afinidad con la estrategia de seguridad impulsada por El Salvador no es nueva: en noviembre de 2024, el presidente Rodrigo Chaves recibió a su homólogo Nayib Bukele.
A diferencia de El Salvador, que bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción ha reducido significativamente los índices delictivos y la actividad de las maras —incluso superando a países como España o Reino Unido en calificaciones de seguridad para viajeros otorgadas por Estados Unidos—, Costa Rica enfrenta un aumento sostenido de homicidios en los últimos años.
¿Es factible un Cecot en Costa Rica?
La delegación costarricense también consiguió acceder a los diseños, planos y procesos de construcción de la megacárcel, lo que, según funcionarios, ahorrará hasta US$25 millones.
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Inicialmente, el costo estimado del nuevo centro penitenciario costarricense rondaba los US$60 millones, pero tras el acuerdo de cooperación, podría reducirse a unos US$35 millones, según información divulgada por la Presidencia de la República durante la conferencia de prensa semanal del 9 de abril.
El Gobierno aseguró que está trabajando en la identificación de fuentes de financiamiento propias para llevar a cabo el proyecto.
Chaves, recientemente acusado por la Fiscalía General de presionar a contratista para beneficiar a su círculo cercano, dijo que están preparando al sistema penitenciario, “para cuando el Poder Judicial decida hacer su responsabilidad y la Asamblea Legislativa, me imagino en el futuro, cambien las leyes de la alcahuetería que hay”.
En varias ocasiones, el presidente costarricense ha criticado al Poder Legislativo y al sistema judicial por las “leyes blandas” que, a su juicio, protegen a los delincuentes y favorecen la ola de criminalidad que enfrenta el país.
“Aquí lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho en este Gobierno siempre: dejando todo listo para que cuando estos, o los diputados que siguen, actúen para que la ley sea tal que podamos llenar una cárcel de delincuentes en lugar de que anden en las calles”, dijo Chaves.
Hasta agosto de 2024, el sistema penitenciario de Costa Rica, tenía una sobrepoblación del 18,75%, según datos del Ministerio de Justicia.
