Bloomberg Línea — El presidente Donald Trump ha revivido la discusión sobre la cuestión de la soberanía y el territorio, con polémicas que van desde recuperar el control del Canal de Panamá, renombrar el Golfo de México como Golfo de América y el envío de un primer grupo de migrantes ilegales a Guantánamo, una base naval estadounidense situada en el sudeste de Cuba.
Los planes de Trump han generado tensiones con países como Panamá, cuyo presidente, Raúl Mulino, le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que “la soberanía del país no está en cuestión”. Estados Unidos completó el Canal en 1914, pero lo cedió de nuevo a Panamá en 1999 en virtud de un tratado firmado por el expresidente Jimmy Carter en 1977. Fuentes legales en Panamá consideran poco probable que el presidente de EE.UU. pueda llevar a cabo sus planes, a menos de que ejecutara una acción militar.
Entre tanto, la Cancillería cubana respondió al envío de migrantes ilegales a Guántanamo por parte de la Administración Trump y argumentó que “el territorio donde se propone encerrarlos no pertenece a Estados Unidos. Es una porción del territorio de Cuba en la oriental provincia de Guantánamo, que permanece militarmente ocupada de modo ilegal y contra la voluntad de la nación cubana”. De acuerdo a información de las autoridades estadounidenses, ya han sido enviados más de 100 migrantes a la base naval de Guantánamo, siendo todos ellos todos ellos venezolanos.
La historia de la base de Guantánamo se remonta a 1898 con la ocupación de EE.UU. de la isla en el marco de la guerra hispano-estadounidense, aunque posteriormente, en 1903, fue arrendada de forma perpetua al país norteamericano por parte de Cuba. No obstante, con la Revolución Cubana de 1959 el país caribeño exigió su devolución, criticando la validez del acuerdo que dio origen al control estadounidense. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la base naval comenzó a utilizarse como centro de detención de terroristas extranjeros, aunque su administración es cuestionada ante la difusión de casos de abusos y torturas, según lo han constatado relatores de Naciones Unidas.
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En una medida más de corte simbólica, Trump ordenó renombrar el Golfo de México como Golfo de América, con lo que EE.UU. actualizó su mapa oficial y posteriormente el cambio fue reflejado en los servicios de Google, sobre la cual la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, analiza una demanda civil.
Al margen de la confrontación directa, Latinoamérica y el Caribe mantiene una serie de disputas territoriales y fronterizas que buscan resolverse en los tribunales internacionales en medio de la complejidad de estos casos y de sus posibles repercusiones.
Las controversias activas en la región incluyen desde el pulso por el Esequibo, un vasto territorio natural rico en recursos naturales que se disputan Venezuela y Guyana, al histórico reclamo de Bolivia contra Chile por un acceso al mar.
A lo largo del tiempo, las reclamaciones territoriales han provocado conflictos, negociaciones diplomáticas y, en algunos casos, incluso guerras.
“Las disputas territoriales en América Latina han sido un tema recurrente a lo largo de la historia, ya que tienen profundas raíces históricas y siguen influyendo en la política, la economía y las relaciones internacionales”, respondieron a este medio en una nota Juan Casallas, socio en el bufete de abogados Holland & Knight y Michelle Guevara, asociada en la misma firma.
Bloomberg Línea hizo una recopilación de algunas de las principales disputas territoriales en Latinoamérica, su contexto histórico y el estado legal de las mismas en la actualidad.
Disputa por el Esequibo:
La soberanía sobre este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados y rico en recursos naturales, mantiene enfrentados a Venezuela y Guyana.
Aunque la disputa es una de las más prolongadas y complejas en Sudamérica, la tensión aumentó solo tras el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en el 2015.
Los abogados de Holland & Knight indican que la disputa se remonta al laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, que le otorgó la soberanía del territorio a Guyana, pero que posteriormente fue denunciada ante la ONU por Venezuela, que a su vez sostiene que dicho laudo es nulo debido a supuestas irregularidades en el proceso.
En 2018, Guyana llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (en adelante “CIJ” o la “Corte”) con el fin de obtener una declaración de que el territorio le pertenece. Venezuela, por su parte, ha argumentado que la CIJ no tiene jurisdicción en el caso.
Y a pesar de que el caso continúa pendiente de resolución en la CIJ, este le ordenó a Venezuela abstenerse de realizar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa. Asimismo, demandó a ambos países abstenerse de realizar cualquier acción que pueda agravar o extender la controversia, hasta tanto no se produzca una decisión definitiva en el caso.
Sin embargo, “el 21 de marzo de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba por medio de la cual Nicolás Maduro, declara al Esequibo como el estado número 24 de Venezuela”.
Ver +: ¿Qué reclama Venezuela con respecto al Esequibo? Detalles de la disputa
El histórico reclamo de Bolivia por acceso al mar
Otra disputa en la región es la que existe entre Chile y Bolivia por el acceso al océano Pacífico del segundo país.
La derrota de Bolivia en la Guerra del Pacífico (1879-1884) significó la pérdida de su acceso al Océano Pacífico luego de la cesión del desierto de Atacama una vez finalizada la guerra.
A pesar de los intentos de Bolivia por recuperar su acceso al mar, en 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó en La Haya que no existe una obligación de Chile a negociar con ese país, en tanto que los términos de la delimitación están fijados en el tratado de 1904.
Chile otorga a Bolivia acceso a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta para el paso de sus mercancías con tarifas preferenciales de almacenamiento.
No obstante, la contraparte boliviana ha señalado en los litigios que ese país no garantiza los derechos acordados en el tratado de 1904. El Gobierno boliviano denuncia sobrecostes logísticos por parte de autoridades y empresas chilenas, algo que estas últimas niegan.
Ver +: ¿Cuánto pierde Bolivia por no tener salida al mar? El costo de la geografía
Disputa entre Guatemala y Belice
Guatemala reclama parte del territorio de Belice, basándose en acuerdos históricos que datan de la época colonial, desde su independencia de España en 1821.
Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981 y comenzó a entablar relaciones con Guatemala desde 1991.
No obstante, este segundo país no reconoció la delimitación territorial y por ende reclama unos 11.000 kilómetros cuadrados o el equivalente a casi la mitad del área de Belice.
Se considera en la actualidad como una de las disputas territoriales más antiguas de América.
Según Holland & Knight, entre 2018 y 2019 ambos países acordaron resolver sus controversias ante la CIJ para una resolución definitiva.
Actualmente, el proceso está en curso y se espera que la Corte emita un fallo en los próximos años.
El antiguo pulso por el pequeño territorio de Thomas Albornoz
Brasil y Uruguay mantienen un antiguo pulso por el fronterizo pueblo Thomas Albornoz, en donde a pesar del control brasileño hay una fuerte influencia de ambas culturas y del denominado “portuñol”, fruto de la mezcla del portugués y del español.
La cuestión por estos territorios fronterizos es principalmente un tema diplomático sin una real tensión geopolítica, según Clayton Pegoraro, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Brasil.
Pegoraro señala que la región es poco habitada, con escasa infraestructura y difícil acceso desde las mayores ciudades de Brasil porque hay carreteras precarias. En esta región, no hay mayor presencia de fuerzas de seguridad brasileñas e incluso los residentes suelen depender de los servicios uruguayos en casos de emergencia.
Desde 2017, la Ley de Inmigración de Brasil ya contempla soluciones para quienes viven en áreas fronterizas, facilitando su libre circulación. “Los residentes fronterizos pueden recibir autorización para realizar actos de la vida civil previa solicitud”, dice el artículo 23 de esta normativa.
Ver +: Brasil se prepara para los aranceles de Trump y la guerra comercial: Folha
El académico no ve una disputa relevante en el corto o mediano plazo, ya que ni Brasil ni Uruguay han ejercido presión significativa a nivel regional o internacional. Aunque existe la posibilidad de que el tema llegue a la Corte Internacional de Justicia si la diplomacia no lo resuelve, la falta de un interés geopolítico reduce la probabilidad de una escalada en el conflicto.
También existe una histórica controversia sobre la denominada Isla Brasilera, administrada por Brasil a raíz de un tratado de 1851 que estableció que aquellas islas situadas en la desembocadura del río Cuareim serían propiedad del gigante sudamericano.
No obstante, luego de un reconocimiento hidrográfico a principios del siglo XX, Uruguay reclamó que la isla no estaba en la desembocadura del río Cuareim, sino en aguas del río Uruguay, y por lo menos desde 1940 ha realizado reclamaciones en ese sentido sin tener éxito.
“En derecho internacional, estas disputas por el territorio siempre tienen un trasfondo geopolítico. Si no hay interés geopolítico, simplemente se quedan en el debate diplomático”, señaló Clayton Pegoraro.
Los conflictos territoriales de Argentina contra Reino Unido
Para María Gattinoni, directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur es un conflicto de soberanía en un contexto colonial.
La disputa de la soberanía de las Islas Malvinas derivó en una guerra entre ambos países durante diez semanas en 1982.
Desde el derecho internacional, Argentina fundamenta su reclamo en la sucesión de Estados, basándose en que las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron los derechos de la Corona española sobre el territorio, en aplicación del principio de uti possidetis iuris (usarás lo que posees de acuerdo al derecho o a la ley).
“Gran Bretaña cometió en enero de 1833 un acto ilícito internacional permanente al tomar por la fuerza, en tiempo de paz, las islas Malvinas, que formaban parte de la República Argentina. Como consecuencia de ello, este país debe reparar íntegramente el hecho ilícito cometido según las reglas del derecho internacional”, dijo Gattinoni.
La descolonización de las Malvinas es tratada en el Comité de Descolonización de la ONU, ya que el Reino Unido incluyó el territorio en la lista de territorios no autónomos en 1946. Sin embargo, la Resolución 2065 (1965) de la Asamblea General estableció que el conflicto es una disputa de soberanía y que la autodeterminación no aplica, ya que los habitantes de las islas son una población trasplantada.
En 2013, el Reino Unido realizó un referéndum en el que el 99,8% de la población votó por seguir siendo territorio británico, pero este carecería de relevancia jurídica, puesto que “los isleños no son un pueblo que goza del derecho a la libre determinación”, de acuerdo a Gattinoni.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado 10 resoluciones específicas sobre la Cuestión Malvinas, mientras que el Comité Especial de Descolonización adoptó más de 40 resoluciones en las que se instaba a ambas Partes a la solución pacífica de la disputa de soberanía.
A pesar de ello, Gattinoni explica que el Reino Unido se ha negado a discutir la soberanía, lo que constituye “una violación del derecho internacional” de su obligación de resolver la controversia por medios pacíficos, según la Carta de las Naciones Unidas.
La Haya negó pretensiones de Nicaragua sobre el mar Caribe colombiano
La disputa marítima y territorial entre Colombia y Nicaragua es de larga data y sus orígenes modernos se remontan a 2001, cuando el país centroamericano presentó una demanda ante la CIJ para que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928.
Nicaragua reclamaba que el Archipiélago de San Andrés está sobre su plataforma continental y que este tratado violó su Constitución, en tanto que Colombia defendió que ese país nunca ha ejercido soberanía en ese territorio y que su posesión no tiene origen en un acto arbitrario.
El 13 de diciembre de 2007, la CIJ definió que tenía jurisdicción en la disputa entre Nicaragua y Colombia sobre algunas áreas marítimas. No obstante, no ocurría lo mismo en lo referente a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que entendía que este caso había sido resuelto en el tratado de 1928.
Ver +: Corte de La Haya niega pretensiones de Nicaragua sobre el mar Caribe colombiano
Esto llevó a que en 2012 el tribunal le otorgara a Nicaragua una mayor extensión marítima cerca de los cayos de Quitasueño y Serrana, a lo que Colombia respondió en su momento que el fallo tenía “vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada”.
Ya en 2023 la CIJ desestimó la demanda de Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas en el mar Caribe colombiano. La CIJ estableció que las islas bajo la soberanía de Colombia (San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo) tienen el derecho legal de contar con mar territorial y una zona económica exclusiva en el marco del litigio marítimo con Nicaragua.
El litigio se inició por la reclamación de ese país centroamericano para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que alega tener más allá de sus 200 millas y la de Colombia.
