Bloomberg Línea — Dos países de Latinoamérica destinan más del presupuesto del gobierno para sostener las nóminas de empleados públicos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Government at a Glance 2025.
Para pagar la nómina del Estado, Costa Rica destinó el 71,6% de los costos de producción del gobierno en 2023, que se refiere al conjunto de gastos necesarios para operar y ofrecer servicios públicos.
Los segundos costos más altos los tiene México, que a su vez destinó un 71% de los costos de producción del gobierno para asumir la carga de las nóminas de los empleados públicos.
“Costa Rica (71,6%) y México (71%) registran los porcentajes más altos, debido a su dependencia en la provisión directa de servicios públicos y a los costos adicionales de atender áreas urbanas dispersas y de baja densidad”, indicó la OCDE.
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Sin embargo, la OCDE indica que este tipo de gasto no siempre guarda relación con la estructura de gobierno: “Bélgica (46,3%) y Suiza (45,4%), ambos países federales, tienen proporciones similares a Irlanda (46,1%), que es un estado unitario”.
Luego de Costa Rica y México figuran países como Dinamarca (54,7%), Lituania (53,7%), Portugal (52,7%), Letonia (41,4%), Luxemburgo (51,1%), Noruega (50,5%), Islandia (50,5%) y España (50,1).
Otro país latinoamericano del que se tienen datos es Colombia, con un 43,8% de los costos de producción del gobierno que se destinan a sostener las nóminas públicas.
Según los datos disponibles, Nueva Zelanda presenta el menor coste de la nómina del Estado con un 39,6%, seguida por Australia (34,8%), Corea del Sur (34,1%), Alemania (31,3%), Países Bajos (30,0%) y Japón (22,7%).
Además de la compensación a empleados públicos (es decir, salarios), los gasto de producción incluyen la compra de bienes y servicios (por ejemplo, insumos para escuelas y hospitales, o financiamiento público de hospitales privados y reembolsos de gastos de salud a los ciudadanos), de acuerdo a la OCDE.
No obstante, detalla que no incluyen los gastos gubernamentales que se transfieren directamente a la economía, como las prestaciones sociales, los subsidios por desempleo y otras transferencias.
“La subcontratación corresponde a la parte de estos costos de producción que el gobierno destina a comprar directamente bienes y servicios a entidades externas, como empresas privadas u otros organismos”, indica en el informe.
Según el reporte, el gasto en compensación a empleados públicos representa, en promedio, el 42,1% de los costos de producción del gobierno en los países de la OCDE, con 30 de 36 países superando el 40%.
En tanto, el gasto en compras de bienes y servicios representa en promedio el 44,5% de los costos de producción, con la mayoría de países (22 de 36) concentrándose entre el 30% y el 45%.
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Mayores costos de producción con relación al PIB
Según la OCDE, en 2023 los costos de producción del gobierno representaron en promedio el 20,8% del PIB entre los países miembros del bloque.
Finlandia (31,1%), Suecia (30,3%) y Francia (28,4%) fueron los países que destinaron la mayor proporción de su PIB a estos costos, lo que según el reporte “refleja una amplia provisión de servicios financiados con fondos públicos”.
Entre 2023 y 2024, los costos de producción del gobierno en los países de la OCDE que forman parte de la UE aumentaron en promedio un 0,5% del PIB, con disminuciones únicamente en Grecia (1%), España (0,3%) y Dinamarca (0,2%).
Entre los países de Latinoamérica analizados, Brasil tiene los costos de producción del gobierno más altos con relación al PIB (25,3%), seguido por Costa Rica (15,9%), Colombia (15,5%), México (11,1%) y Chile (9,7%).
Con relación al PIB, los que más destinan al mantenimiento de las nóminas del Estado entre los países latinoamericanos son Brasil (11,9%) y Costa Rica (11,4%).
En promedio, los gobiernos gastaron el 9,2% del PIB en gastos subcontratados en 2023.
De este total, el 6,2% del PIB se destinó al pago a actores no gubernamentales por bienes y servicios utilizados directamente por el gobierno, mientras que el 3,1% del PIB se gastó en bienes y servicios proporcionados al público por contratistas no gubernamentales, pero financiados por el gobierno.
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