Bloomberg Línea — El presidente Daniel Noboa extendió el estado de excepción a ocho provincias del territorio nacional y decretó toque de queda en cinco de ellas, luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunciara un paro nacional a partir del 19 de septiembre, como respuesta a la eliminación al subsidio del diésel.
El mandatario ecuatoriano ordenó, el pasado 16 de septiembre, un estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo para contrarrestar —bajo el causal de “grave conmoción interna”— los cierres viales que estaban adelantando los transportistas.
La medida, que durará 60 días, suspende el derecho a la libertad de reunión y, además, autoriza tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas en seguridad”.
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Dos días después, el 18 de septiembre, cuando la Conaie convocó a un paro nacional, Noboa decretó que el estado de excepción también rigiera en el Chimborazo.
El jefe de Estado de Ecuador incluso ordenó un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 en cinco de las ocho provincias bajo estado de excepción: Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Carchi y Cotopaxi.
Entre las excepciones a la medida que limita la libertad de tránsito sobresalen: los servicios de seguridad pública y privada, los servicios de gestión de riesgos y servicios de atención de emergencias y los servidores públicos y contratistas de entidades públicas.
Noboa defiende la medida, pero Conaie se opone
Aunque Noboa aseguró que reconoce el shock que generará la decisión de eliminar el subsidio al diésel en Ecuador, sostuvo que esta subvención solo beneficiaba a la economía ilegal. La razón: el combustible estaba siendo contrabandeado en las fronteras con Colombia y Perú, según él.
Conaie, por su parte, denuncia que la medida de Noboa “encarece la vida, golpea al transporte, al campo y a las familias trabajadoras, profundizando la pobreza y la crisis social”.
El movimiento indígena también convocó al paro aludiendo a otras problemáticas sociales, como el “abandono estatal” y la “crisis en salud y educación”.
El analista Santiago García, doctor en economía internacional y desarrollo, ven en la eliminación del subsidio al diésel una ventaja: “La racionalización de un subsidio inequitativo, ambientalmente injustificable y vulnerable frente al crimen organizado”.
Pero, además, ve una amenaza: “La posible afectación a las masas poblacionales de bajos ingresos por el impacto a la estructura de precios internos, encareciendo la canasta básica, por el impacto directo en los costos y, sobre todo, por la especulación en los mercados”.
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