Bloomberg Línea — El cálculo de la indemnización por despido a los trabajadores públicos ecuatorianos podría cambiar con la Ley de Integridad Pública, que entró en vigencia el pasado 26 de junio.
Ecuador cuenta con 490.496 servidores públicos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el pago de sus salarios en 2025 implicaría un gasto cercano a los US$9.654 millones, de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Sin embargo, este rubro podría incrementar debido al bono de US$507,60 para militares y policías anunciado por el presidente Daniel Noboa durante su campaña rumbo a la reelección.
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Solamente cuatro ministerios —los de Defensa, Interior, Salud y Educación— y la Policía Nacional representaron el 73% del presupuesto destinado a los pagos de nómina de los trabajadores públicos el primer semestre de este año, conforme con las cifras del MEF.
En ese contexto, la Ley de Integridad Pública, que incluye reformas a la Ley del Servicio Público (Losep), podría ayudar a reducir el gasto de los salarios públicos. ¿Cómo? Con la supresión de partidas o puestos de trabajo, pero también con la disminución en el valor de las indemnizaciones.
¿Recalcularán las indemnizaciones por despidos?
La Ley de Integridad Pública permitirá suprimir puestos de trabajo en algunas entidades siempre que en el proceso participen los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas, pero también a que sea tomada con base en argumentos técnicos y funcionales.
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Algo que facilitaría el proceso es recalcular el valor de las indemnizaciones modificando la fórmula actual, tarea que corresponde al Ejecutivo y está avalada por la Ley de Integridad Pública, aunque hasta el momento no se ha fijado un plazo para hacerlo.
Actualmente, los trabajadores públicos que sean despedidos “tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año”, según el artículo 129 de la Losep.
El mismo artículo determina que el monto máximo de la indemnización serán 140 salarios básicos unificados del trabajador.
Tal manera de calcular las indemnizaciones es la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa podría reformular con la intención de facilitar la supresión de cargos. La razón: si el tamaño del Estado no se ha optimizado como se requiere puede estar relacionado, entre otras, con el obstáculo que implica asumir cuantiosas compensaciones por los despidos.
Pero hay más: tras la supresión de cargos, las entidades vinculadas no podrán volver a crear esas plazas de trabajo en mínimo dos años, como tampoco firmar contratos ocasionales para dichos puestos.
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