Bloomberg Línea — En Ecuador, 97 contratos públicos, que suman US$13,5 millones, fueron otorgados a 24 proveedores con vínculos con el crimen organizado entre 2010 y 2023, así lo revela una investigación publicada este 18 de noviembre de 2024 por la plataforma periodística Connectas con la colaboración de medios de comunicación ecuatorianos como Primicias, Plan V, Tierra de Nadie, La Barra Espaciadora, GK y La Fuente.
De los 97 contratos indentificados, 31 fueron adjudicados mientras los representantes de las empresas estaban siendo investigados o procesados judicialmente por delitos como terrorismo, narcotráfico, asociación ilícita y delincuencia organizada. Estos contratos sumaron US$6,5 millones y fueron entregados a ocho proveedores, dice la investigación.
Entre 2010 y 2023, 24 proveedores con nexos criminales recibieron 97 contratos públicos en Ecuador 🇪🇨, algunos incluso mientras eran investigados por delitos graves como terrorismo y narcotráfico.#ContratistasYCriminales 💰🚨
— CONNECTAS (@ConnectasOrg) November 18, 2024
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En otros casos, las autoridades se dieron cuenta de que algunos de sus proveedores tenían vínculos con el crimen organizado solo después de ya haber acumulado adjudicaciones. Y en algunos más, los beneficiarios lograron obtener resoluciones judiciales favorables y con ello consiguieron los contratos.
La investigación periodística, denominada “Contratistas y criminales”, muestra la falta de articulación entre autoridades de control y las entidades públicas contratantes que ha facilidatado numerosos casos de corrupción en Ecuador. Ese vacío se suma a los últimos casos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE), más conocidos como Metástasis, Plaga y Purga, que evidencian la infiltración de narcotraficantes en la fuerza pública y en la Función Judicial.
Según los datos revelados por Connectas, el grupo delincuencial llamado Chone Killers ha obtenido 5 contratos con el Estado que suman US$4,2 millones. Le sigue el grupo de Leandro Norero, narcotraficante y principal financista de bandas criminales en Ecuador que fue asesinado en la cárcel en 2022, con dos contratos por US$3,1 millones. Y el tercer grupo en la lista es la mafia albanesa con cinco contratos por US$2,4 millones.
En el listado de organizaciones criminales que han contratado con el Estado también constan Los Choneros, con su líder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito; Tiguerones, Águilas y Fatales.
En Ecuador, como en otros países, no es ilegal que personas sin sentencia ejecutoriada tengan contratos públicos. Sin embago, según varios expertos consultados para la investigación de Connectas, este problema debería ser abordado desde la prevención de lavado de activos. Advierten que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no ha articulado sus labores de control con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, ni con la Fiscalía General del Estado, ni con el Servicio de Rentas Internas, pese a que una reforma legal aprobada en febrero pasado lo obliga.
Para Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, citado en el reportaje, la falta de articulación entre estas entidades es una gran tarea pendiente en Ecuador. Para el experto, el interés del crimen organizado en la contratación pública es el lavado de dinero.
“Si tienes gobiernos municipales que gritan cada tres meses que están sin plata porque el Gobierno no cumple con las asignaciones y aparece un capo y les dice que no necesita ni siquiera anticipos para financiar obras, es un ganar-ganar. Ese ‘tú me pagas cuando puedes’ es un caldo de cultivo perfecto”, señala Alarcón en la investigación periodística.
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Los municipios registran más casos
Otro hallazago importante de los periodistas que participaron en la elaboración del reportaje es que la mitad de los contratos vinculados al crimen organizado se realizaron con gobiernos autónomos descentralizados (GAD), principalmente con municipios.
Las instituciones públicas que más dinero han pagado a empresas vinculadas al crimen organizado son los GAD de Manta y el GAD de Durán. Esta última es la ciudad más peligrosas el Ecuador y de la región. Su alcalde Luis Chonillo reconoce que la falta de cruce de información entre las entidades estatales facilita la participación de grupos de delincuencia organizada en procesos a nivel nacional y dice que las herramientas de verificación a disposición de en los GAD son limitadas.
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Entre los casos que revela Connectas, se encuentra uno de 2018, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho personas de introducir droga en suelo norteamericano. Entre los señalados figuraban el colombiano Segundo Agenor Guerrero Banguera y el ecuatoriano Enrique Antonio Portocarrero Castillo. Desde entonces, ambos tenían orden de captura internacional y, sin embargo, lograron obtener contratos públicos en Ecuador.
Meses después de la acusación en Estados Unidos, narra el reportaje, Guerrero constituyó en Esmeraldas Jalenacomp S. A., que se dedica a realizar obras civiles. Esta empresa obtuvo tres contratos por un total de US$802.517 en 2021 y 2022. Se los otorgó el Municipio de Esmeraldas, el Hospital Básico de esa misma ciudad y la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de los Cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde.
Guerrero fue detenido en Cali (Colombia) en marzo de 2024. Meses después, la Policía ecuatoriana lo incluyó en su lista de capturas de alto valor. Consultado para la investigación de Connectas, Guerrero negó toda la información que se disponía en su contra.
La articulación ha funcionado en Colombia
Colombia tiene condiciones similares a Ecuador en términos de la contratación pública y, sin embargo, según ejemplifica la investigación periodística, allí se ha logrado importantes resultados gracias a la articulación entre las autoridades. Un gran paso es que la Secretaría de Transparencia implementa una estrategia que ubica a los flujos ilícitos como uno de los cuatro macroprocesos que sostiene el narcotráfico.
El Secretario de Transparencia colombiano, Andrés Idárraga Franco, comenta que el fenómeno de vinculación de grupos armados, narcotraficantes y contrabandistas a la contratación pública es una realidad en Colombia y que la labor de las unidades de inteligencia y análisis financiero es determinante en el diálogo con la Fiscalía.
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“Nosotros hemos venido insistiendo en el fortalecimiento de los canales de denuncia, especialmente en municipalidades alejadas de las grandes ciudades. Es preciso, importante, determinante para luchar contra la corrupción y el lavado de activos, que la base de beneficiarios finales sea pública”, manifiesta Idárraga Franco en el reportaje.
En el caso de Ecuador, además de la articulación, también debe corregir los perfiles del personal detrás de los procesos de control de las contraciones públicas, dice, también en el reportaje, Adrián Castro, asambleísta proponente de los cambios más recientes a la Ley de Contratación Pública.
A esto se suma la falta de funcionarios encargados de los procesos. Por ejemplo, en Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador, solo hay 25 funcionarios para supervisar los procesos de contratación y las denuncias en todo el país.
Así, la investigación de Connectas revela las múltiples deudas pendientes para el control de los recursos públicos en Ecuador, que actualmente enfrenta una grave crisis de seguridad.
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