Bloomberg — El gobierno de Ecuador está despidiendo a 5.000 funcionarios y reduciendo el número de ministerios y oficinas públicas relacionadas en cerca de un 40%, mientras el presidente Daniel Noboa lucha por equilibrar el presupuesto de la nación.
La inesperada reestructuración del poder ejecutivo anunciada el jueves por la noche fue la primera medida de austeridad de Noboa desde que ganó la reelección en abril. Se produjo pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara un apoyo financiero adicional para el país.
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El esfuerzo parece ser un primer paso en el largo camino hacia la consolidación fiscal en Ecuador, que ha dependido de prestamistas multilaterales y ha enfrentado una crisis de seguridad que lo ha convertido en una de las naciones más mortíferas de América Latina.
Aunque el gobierno no proporcionó una estimación del ahorro, las medidas deberían reducir el gasto en menos de US$50 millones al año, en comparación con un presupuesto que supera los US$30.000 millones, según Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal con sede en Quito.
“Las medidas van en el camino correcto, es un primer paso pero insuficiente en el camino hacia la sostenibilidad fiscal”, dijo Carrera, añadiendo que el gobierno necesitará encontrar más de US$6.000 millones en ahorros fiscales o ingresos adicionales en los próximos cuatro años para cumplir con el acuerdo con el FMI.
Noboa ya emprendió reformas impopulares a partir del año pasado para obtener el apoyo del FMI. Aumentó el impuesto sobre el valor añadido y recortó drásticamente los subsidios a la gasolina, aunque el gasóleo, el mayor subsidio, se mantiene sin cambios. El 21 de julio, el organismo elevó el Servicio Ampliado del Fondo de Ecuador a US$5.000 millones, frente a los US$4.000 millones anteriores.
Como parte de los cambios anunciados el jueves, el ministerio del Interior absorberá los servicios de emergencia y el sistema penitenciario, que ha sido infiltrado por narcotraficantes.
El ministerio de medio ambiente se integrará en el ministerio de energía y minas, que se enfrenta a la disminución de la producción de petróleo y a la impugnación de la constitucionalidad de una nueva tasa reguladora de la minería que pretende recaudar US$230 millones anuales.
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Los últimos recortes “no necesariamente” reducirán el tamaño total del Estado, dijo la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, en la conferencia de prensa del jueves. Mientras tanto, los sindicatos del sector público ya han anunciado protestas.
Administraciones anteriores han hecho anuncios similares “y a veces ese recorte en los ministerios no se traduce en una reducción significativa del personal y del gasto”, dijo Gabriela Calderón, miembro de estudios sobre América Latina del Instituto Cato. Las reformas adicionales clave incluirían la eliminación de los monopolios estatales en industrias como la electricidad y la descentralización para reducir el gasto de forma más significativa, añadió.
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