El Gobierno de Ecuador entregará un bono extraordinario a policías y militares

Se trata de una compensación económica dispuesta por el poder Ejecutivo. Es por única vez.

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27 de marzo, 2025 | 10:39 AM

El Gobierno de Ecuador ha decretado el pago de un bono extraordinario para policías y militares en servicio activo. La medida, oficializada mediante los decretos 584 y 585, fue emitida el 26 de marzo de 2025, en un contexto de campaña para la segunda vuelta electoral.

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El presidente Daniel Noboa ha dispuesto que el Ministerio del Trabajo emita la resolución correspondiente para hacer efectivo este pago único de US$507,60. Según los decretos, este incentivo económico tiene carácter extraordinario y busca reconocer el esfuerzo del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Decreto 584 justifica la decisión al señalar la necesidad de reconocer el compromiso del personal militar en servicio activo dentro del conflicto armado interno, declarado por el Gobierno hace más de un año. Sin embargo, esta declaratoria ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Corte Constitucional.

Por su parte, el Decreto 585 menciona razones similares para la Policía Nacional, resaltando la importancia de sus funciones en este contexto de seguridad. La medida se enmarca en la estrategia gubernamental de apoyo a las fuerzas de seguridad en momentos de tensión y crisis.

No es la primera vez que el Gobierno ecuatoriano otorga una compensación extraordinaria a estos cuerpos. En febrero de 2024, se aprobó un bono similar durante el estado de excepción decretado tras los hechos violentos de inicios de año. En esa ocasión, el beneficio estuvo dirigido a las familias de militares y policías que fallecieron o quedaron en situación de vulnerabilidad debido a enfrentamientos con la delincuencia.

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¿Qué dicen los decretos?

En ese contexto, el Decreto 584 establece una compensación económica para los miembros de las Fuerzas Armadas, respaldada por diversos informes técnicos y normativas que justifican el pago de US$507,60.

Esta compensación fue calculada considerando el salario básico unificado (SBU) más un 8% adicional (1 SBU + 8%).

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La Dirección de Personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaboró un informe técnico que sustenta la viabilidad financiera de este pago, dirigido al personal militar profesional (PMP) de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, en reconocimiento a su participación en las operaciones militares dentro del Conflicto Armado No Internacional.

El decreto enfatiza que este pago constituye un reconocimiento al esfuerzo del personal militar, que ha enfrentado ataques armados y riesgos derivados del crimen organizado.

“Es necesario reconocer el esfuerzo y compromiso del personal militar en servicio activo dentro del marco del conflicto armado interno, así como su disposición para defender la soberanía del país y enfrentar con valor a los grupos armados organizados, la delincuencia transnacional y otras organizaciones delictivas”, señala el documento.

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En tanto, el Decreto 585 resalta que los miembros de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones durante el conflicto armado interno, han llevado a cabo diversas acciones que han permitido contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados.

En este contexto, el presidente Daniel Noboa detalló el análisis realizado para otorgar una compensación económica a los servidores policiales en servicio activo, en reconocimiento a los riesgos que enfrentan en el cumplimiento de su labor.

Para establecer el pago de US$507, el mandatario consideró varios informes que justifican esta compensación única, tomando en cuenta el actual contexto de violencia, delincuencia y conflicto armado interno en el país.

Asimismo, se reconoce el esfuerzo y eficiencia de la Policía Nacional mediante una retribución económica, enmarcada en las disposiciones legales del servicio público.

El artículo 158 de la Constitución establece que la Policía Nacional es una institución encargada de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, con la responsabilidad de velar por la seguridad interna y el mantenimiento del orden público.