El primer semestre de 2025, el más violento en la historia de Ecuador: ¿qué hay detrás?

De enero a junio se registraron 45% más homicidios intencionales que en el mismo periodo de 2024, según el Ministerio del Interior.

Imagen de archivo. Pese a los estados de excepción decretados por Noboa y capturas de alto calibre, como la de alias Fito, la violencia se recrudeció de enero a junio. Fuente: Policía Ecuador
24 de julio, 2025 | 12:34 PM

Bloomberg Línea — Pese a los estados de excepción decretados en el último año por el presidente Daniel Noboa en algunas provincias de Ecuador y los golpes que las autoridades han asestado a la criminalidad, como la captura de alias Fito, el cabecilla de Los Choneros, el primer semestre de 2025 fue el más violento en toda la historia del país, al menos desde 2011, cuando se comenzaron a recopilar los datos de homicidios intencionales.

Entre enero y junio se registraron 4.557 homicidios intencionales en el territorio nacional, 1.416 más que en el mismo periodo de 2024 (+45%) y 842 más que en el mismo lapso de 2023 (+22%), según datos del Ministerio del Interior.

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Una agravante de la situación es que 2023 fue el año más violento de Ecuador, seguido de 2024, por lo que, de mantenerse la tendencia de julio a diciembre, 2025 podría superarlos.

Del total de muertes en el primer semestre de 2025 en Ecuador, 4.096 fueron ocasionadas con armas de fuego, 309 con armas blancas, 61 con armas contundentes, 33 con armas constrictoras y 85 con otro tipo de armas.

Una muestra reciente del recrudecimiento de la violencia en Ecuador es la masacre perpetrada por actores armados sin identificar el pasado 19 de julio en un billar del cantón General Villamil Playas, en la provincia de Guayas, que cobró la vida de nueve personas.

Incluso miembros del Ejército ecuatoriano han padecido la ola de violencia documentada en el primer semestre del año. El 10 de mayo, once uniformados fueron asesinados en medio de una emboscada tendida por grupos criminales mientras adelantaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, cerca de la frontera con Colombia.

En ese entonces, el Ejército atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, una estructura ilegal presuntamente integrada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La desmovilización de las Farc impactó a Ecuador

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime, un centro de investigación sobre el crimen organizado, dijo recientemente a Bloomberg Línea que la violencia en Ecuador fue un daño colateral de la desmovilización de las Farc en 2016, durante el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos.

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Las Farc controlaban gran parte del narcotráfico internacional, pero debido a su desmovilización y a la falta de una estructura criminal que pudiera proporcionar todos los servicios en la cadena de este negocio ilegal, los compradores internacionales acudieron a bandas ecuatorianas “poco sofisticadas” que “ahora luchan por dominar el negocio”, dijo el experto.

Los Choneros, por ejemplo, son señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa, y sus rivales, Los Lobos, presuntamente tienen nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, fue capturado en Ecuador el 25 de junio de 2025 tras 18 meses de fuga. Foto: Presidencia de Ecuador

Y en parte es la lucha por el control territorial y las rentas ilegales entre estas estructuras y otras 20 bandas narcocriminales en Ecuador las que han desencadenado la escalada de violencia.

Ecuador, el país más inseguro de Latam

Ecuador, que en 2015 registró una tasa de homicidios de 6,46 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en la región, registró 38,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos de 2024 publicados por la Policía Nacional, siendo el país latinoamericano más inseguro en el último año.

Su realidad contrasta con la de El Salvador, que una década atrás era el país con mayor tasa de homicidios en América Latina, de 107,64 por cada 100.000 habitantes, hoy es el más seguro, con 1,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes el año pasado.

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Pese a que la disminución en la tasa de homicidios en El Salvador evidencia los frutos de su denominada “guerra contra las pandillas”, a partir de un régimen de excepción que el pasado enero cumplió tres años, los expertos coinciden en la necesidad de observar esta política de seguridad con lupa.

Un informe de la CIDH publicado en septiembre de 2024 documentó desapariciones forzadas, uso de criterios discriminatorios en la detención de supuestos pandilleros y torturas contra los privados de la libertad.

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