Bloomberg Línea — La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, pidió al Gobierno ecuatoriano evitar estigmatizar el paro nacional adelantado por el movimiento indígena y denunció el uso excesivo de la fuerza para contrarrestar las manifestaciones.
“El gobierno ecuatoriano debe respetar los derechos de los manifestantes y responder a las quejas que periódicamente llevan a los ecuatorianos a las calles”, sostuvo Goebertus en un informe de HRW. “Los manifestantes que cometen actos violentos deben ser investigados, pero eso no justifica la estigmatización de otros manifestantes ni el uso excesivo de la fuerza”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) comenzó a protestar hace un mes contra el Gobierno por haber eliminado el subsidio al diésel, encareciendo el galón de este combustible en US$1, aunque el presidente Daniel Noboa defendió la medida argumentando que solo favorecía a los contrabandistas.
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HRW sostuvo que, tras un análisis de 15 videos, comprobó la manera en que soldados y policías dispersaron por la fuerza manifestaciones pacíficas y utilizaron gases lacrimógenos, de forma “imprudente e indiscriminada”.
“En un video verificado, se observa a las fuerzas de seguridad cerca de la comunidad de Huaycopungo, en la provincia de Imbabura, disparando cartuchos de gas lacrimógeno a baja altura contra viviendas aparentemente desocupadas”, sostuvo la ONG defensora de los derechos humanos. “El gas lacrimógeno siempre debe lanzarse en arco hacia zonas abiertas, y la fuerza solo debe emplearse cuando sea necesario para lograr un objetivo legítimo”.
También cuestionó al Gobierno por tomar “medidas para socavar la libertad de expresión y asociación de las organizaciones indígenas”, entre ellas, los estados de excepción decretados en medios de las manifestaciones.
El pasado 10 de octubre, por ejemplo, el presidente Noboa decretó estado de excepción en diez provincias ecuatorianas, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión. La Corte Constitucional, que ha sido el principal contrapeso del Gobierno, no ha revisado el texto.
Desde que comenzaron las manifestaciones, el Gobierno ha documentado un muerto, la del comunero Efraín Fuérez, durante las protestas en Cotacachi. Sin embargo, la Conaie denunció que otros dos ciudadanos fallecieron durante las movilizaciones por cuenta del exceso de fuerza de las autoridades: José Alberto Guamán Izama y Rosa Elena Paqui.
“El Gobierno ecuatoriano debe garantizar la rendición de cuentas por los abusos y reconocer la importancia de los problemas que los manifestantes están planteando en las calles”, agregó Goebertus, de HRW.
Gobierno e indígenas, sin acuerdos
El Gobierno del presidente Noboa descartó negociar con la Conaie el levantamiento del paro, argumentando que “no existen las condiciones” para dialogar con el movimiento indígena, aunque una semana atrás llegó a un acuerdo con los manifestantes de Imbabura.
“Las vías no han sido despejadas, los manifestantes no se han retirado y mantienen acciones violentas”, dice un comunicado oficial del 19 de octubre. “No se ha cumplido lo acordado”.
La Conaie, por su parte, aseguró que está abierta al diálogo con el Gobierno, “pero no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”.
La confederación sostuvo que el Gobierno de Noboa cerró toda “posibilidad de diálogo real”, mientras cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, con el que mantiene compromisos en materia fiscal como parte de un programa de crédito por US$5.000 millones.
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