Bloomberg — Un tribunal electoral suspendió los derechos políticos de la segunda al mando de Ecuador por incurrir en lo que calificó de violencia de género, apartándola de hecho de su cargo en medio de su enemistad con el presidente Daniel Noboa.
El tribunal determinó a última hora del jueves que la vicepresidenta Verónica Abad había difamado a la ministra de Asuntos Exteriores, Gabriela Sommerfeld, suspendiendo a Abad de la política durante dos años más allá del final de su mandato en mayo. La sentencia incluye una multa de US$14.000 y ordena a Abad que presente una disculpa pública a Sommerfeld. Abad puede apelar, un proceso que podría durar hasta tres meses.
La vicepresidenta “difundió y posicionó un mensaje a través de medios virtuales, basado en un estereotipo de género que transmite y reproduce relaciones de dominación, desigualdad y discriminación” para menoscabar la imagen pública de Sommerfeld, dijo el juez Guillermo Ortega en la sentencia.
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Es el último giro en una disputa entre Noboa y otros funcionarios públicos y su excompañera de fórmula que data de finales de 2023. Tiene importantes implicaciones políticas, ya que la ley ecuatoriana ordena a los titulares ceder temporalmente el poder a los suplentes durante las campañas electorales, en un intento de igualar las condiciones.
En una votación de primera vuelta celebrada el 9 de febrero, Noboa se aseguró una ajustadísima mayoría de menos de 15.000 votos sobre su principal contrincante, la candidata de izquierdas Luisa González. La segunda vuelta tendrá lugar el 13 de abril.
Noboa, de 37 años y heredero de una fortuna bananera, y Abad, de 48 años y autodeclarada libertaria, se distanciaron por razones no reveladas durante su campaña electoral anticipada de 2023, después de que el presidente Guillermo Lasso cerrara el Congreso, lo que desencadenó una carrera para cumplir su mandato.
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Anteriormente, Noboa eludió la norma de ceder el poder a Abad en medio de una serie de disputas legales al nombrar a la jefa de gabinete Cynthia Gellibert como vicepresidenta en funciones.
Poco después de asumir el cargo, el presidente ordenó a Abad que abandonara el país para desempeñar cargos diplomáticos en Medio Oriente. Su descripción de ese traslado como “ser exiliado” se incluyó en las pruebas del tribunal.
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