Bloomberg Línea — Más de 13,9 millones de ecuatorianos están citados a las urnas este domingo para decidir si aprueban la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el primer paso para reescribir una Constitución que reemplace a la de 2008, en el que parece un intento del presidente Daniel Noboa de concentrar mayor poder.
También deberán responder si aprueban el regreso de las bases militares extranjeras, la reducción de la Asamblea Nacional —nombre que recibe el Congreso en Ecuador— y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, propuestas que hacen parte de un referéndum e implicarán reformas parciales a la Constitución.
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Bloomberg Línea consultó con analistas ecuatorianos qué pasaría si en la consulta popular y referéndum vence el “sí”, a falta de que cierren las urnas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los resultados de las votaciones.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente
En caso de que la mayoría apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Ecuador tendría “casi dos años y medio de periodos electorales extraordinarios hasta volver a la normalidad”, dice el internacionalista Santiago Carranco.
Si gana el “sí”, el CNE deberá convocar a otras elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes. Los elegidos deberán redactar la Constitución en un plazo de seis meses, con la posibilidad de una prórroga de dos meses.
Una vez la Constitución esté terminada, los ecuatorianos deberán ser citados a una consulta popular para que decidan si aprueban el texto o no. En Chile, durante el mandato de Gabriel Boric los ciudadanos dijeron dos veces “no”, en septiembre de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.
“Si se acepta esta nueva Constitución, podría haber nuevas elecciones presidenciales, dependiendo lo que diga el texto, y si Noboa u otro candidato gana, su periodo comenzaría desde cero”, dice Carranco. “No sabemos lo que puede pasar, puede pasar absolutamente lo que sea, porque desde el Ejecutivo no hay una propuesta clara de Constitución”.
Para el experto, incluso existe la posibilidad de que la Asamblea Constituyente impacte las elecciones seccionales de 2027, dependiendo de si la nueva Constitución cambia la forma en que se celebren estos comicios.
El abogado y politólogo Arturo Moscoso plantea que la posible Asamblea Constituyente es un “cheque en blanco”, es decir, no hay claridad de lo que se busca con la nueva Constitución.
“Lo que seguramente quiere el Gobierno es tener el control de la Asamblea Constituyente y, con base en ese control, hacer una Constitución a medida de sus necesidades”, dice Moscoso. “Lamentablemente, se nos ha hablado muy poco de los proyectos y, entre otras, de convertir la Corte Constitucional en una mera sala de la Corte Nacional de Justicia, lo que cambiaría radicalmente nuestra concepción del control constitucional”.
Hoy, el principal contrapeso de Noboa, que tiene mayorías en la Asamblea Nacional, es la Corte Constitucional, de ahí el presunto interés de reconfigurarla.
“La Constitución podría ser hiperpresidencialista, yo imaginaría que justamente eso está entre las cosas que le interesan al Gobierno: tener más poder sobre las decisiones que se tomen”, agrega Moscoso.
La única certeza es que, aun con la Asamblea Constituyente en marcha, si en las tres preguntas del referéndum gana el “sí”, las reformas parciales a la Constitución para permitir el retorno de las bases extranjeras, la reducción de la Asamblea Nacional y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos entrarían en vigencia casi que de inmediato.
Los tiempos de la Asamblea Constituyente:
- En caso de que gane el “sí”, el CNE deberá convocar a elecciones para escoger a los 80 asambleístas constituyentes en máximo 90 días.
- Los asambleístas elegidos contarán con 180 días para reescribir la Constitución, con la posibilidad de prórroga de 60 días más.
- Cuando la nueva Constitución esté escrita, el CNE deberá citar a un referéndum para que la ciudadanía decida si aprueba o no la nueva Constitución. El plazo será de 60 días.
- Bajo estos tiempos, Ecuador podría tener una nueva Constitución en el primer trimestre de 2027.
Las bases militares extranjeras
El experto en seguridad Luis Carlos Córdova dice que, de aprobarse el retorno de las bases militares extranjeras, se materializará el “ingreso de buques de guerra y aeronaves militares, además de personal militar y civil del Pentágono, en los Galápagos”, que ya fue aprobado por el Gobierno provincial tras un plan presentado por el Ministerio de Defensa de Ecuador.
“Eso está ya firmado y por eso es que buscan la aprobación de esta reforma constitucional”, asegura.
La presencia en Galápagos, que apuntaría a combatir el narcotráfico en el Pacífico, como lo llegó a plantear el propio Noboa, no necesariamente implicaría contrarrestar la inseguridad en Ecuador, que registró el primer semestre más violento de la historia en 2025.
“El 70% de los homicidios en 2025 tienen que ver con delitos comunes y microtráfico, no con el gran tráfico de cocaína”, sustenta Córdova. “Así que si piensan por ahí resolver el problema de la violencia letal, están totalmente perdidos”.
Votar por el “sí” también desembocaría en la instalación de oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en territorio ecuatoriano para cooperar en esta materia, sin que conlleve un despliegue militar.
La especialista en inteligencia y seguridad Lorena Piedra plantea que, en el contexto internacional actual, posibles acuerdos con Estados Unidos para la instalación de bases militares “abren la puerta para que, en una confluencia de eventos no deseados, surjan conflictos alrededor de Venezuela, México o Colombia”.
La analista dice que la “pérdida de neutralidad” de Ecuador, que hoy recae en el artículo 5 de la Constitución que lo declara como un territorio de paz, podría ser otro “costo de la transacción”.
Además, pese a que Estados Unidos es quien podría instalar bases militares, mañana sería China o Rusia, dependiendo del gobernante, agrega Piedra.
“Aunque Ecuador cuenta con niveles de institucionalización básicos en su política exterior, estos no siempre tienen una línea coherente”, en especial con un “presidencialismo tan marcado”.
Eliminación del financiamiento a los partidos
Santiago Carranco argumenta que eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos será “peligroso”, ya que, permitiría que se consolide un pacto entre la élite política y económica de Ecuador.
“¿Cuál sería entonces la alternativa para los partidos pequeños en espacios en donde no tienen acceso a estas élites económicas? Podría ser el narcotráfico y esto abre puertas a unos ya grandes debates de seguridad e influencia de dineros ilícitos dentro del financiamiento de la política”, sostiene.
Arturo Moscoso, al igual que Carranco, sostiene que el actual financiamiento a los partidos políticos permite que mal utilicen los fondos en lugar de fortalecerse, como “cascarones vacíos” al servicio del mejor postor en época electoral.
“A la larga, el fondo partidario no ha incidido en que las élites dejen de dominar la política, porque, a pesar de todo, también se les permite la posibilidad de financiamiento externo, y cuando se pasan de los límites, no hay control tampoco”, observa Moscoso.
Reducción de la Asamblea Nacional
La reducción de la Asamblea Nacional no tendría mayor impacto en el corto plazo, según Carranco, toda vez que quienes hoy integran el Congreso deberán terminar su periodo.
Para el analista, si bien la medida quita “representatividad”, hoy pocos asambleístas representan los intereses de sus votantes.
“En Ecuador está demostrado que el ciudadano no vota por un asambleísta per se, sino por el partido de su candidato presidencial, somos hiperpresidencialistas e hipercaudillistas”, reflexiona Carranco.
Moscoso dice que en la Asamblea Nacional de Ecuador no es de “cantidad” de los diputados, sino de “calidad”, por lo que resta importancia a su reducción.
“Quizá lo que cambie es que serán más controlables, más accountable, como se dice en inglés, o sea, que rindan más cuentas, porque va a ser más fácil identificarlos”.
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Lo cierto es que de ganar el “sí” existirá una reestructura profunda del Estado, mientras que una victoria del “no” representaría un golpe a la gobernabilidad de Noboa y a su plan político de aquí hasta el 2029, cuando culminaría su periodo presidencial.
