OCP solicita arbitraje contra Ecuador por el Oleoducto de Crudos Pesados

La demanda fue interpuesta ante el Ciadi, institución adscrita al Banco Mundial, ¿qué se sabe del proceso?

Imagen de una estación de bombeo del Oleoducto de Crudos Pesados en la Amazonía ecuatoriana. Foto: OCP
05 de mayo, 2025 | 04:30 PM

Bloomberg Línea — La empresa Oleducto de Crudos Pesados (OCP) Ltd. solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) la apertura de un proceso de arbitraje contra el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

La demanda de arbitraje fue interpuesta el 2 de mayo de 2025, según un registro del Ciadi, una institución adscrita al Banco Mundial (BM), aunque no hay mayores detalles acerca del proceso ni de los reclamos de OCP.

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La empresa demandante fue la encargada de construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, una de dos tuberías que permite trasladar el petróleo desde la Amazonía hasta la terminal de Balao, en Esmeraldas, donde es embarcado en buques para su exportación. La otra es el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

El Oleoducto de Crudos Pesados, que tiene 485 kilómetros de longitud y la capacidad para transportar 450.00 barriles diarios de crudo, comenzó a funcionar en 2003.

Desde ese entonces y hasta el 30 de noviembre de 2024, luego de 20 años de concesión y tres prórrogas, la operación del oleoducto estuvo en manos de la OCP. Sin embargo, luego quedó bajo el control del Estado ecuatoriano.

Si bien OCP propuso extender el plazo para operar el oleoducto a mediados del año pasado, el Ministerio de Energía y Minas optó por seguir adelante con la transición para su estatización tras una evaluación del ofrecimiento.

“Este es un traspaso ordenado y transparente que fortalece la soberanía energética y garantiza la continuidad de una operación eficiente, un servicio público de transporte de hidrocarburos sin costo adicional, respeto a los derechos laborales y contratos con terceros”, destacó el viceministro de Hidrocarburos, Guilhermo Ferreira Oliveira durante la sesión del Comité de Transición, el 30 de noviembre.

La decisión de la cartera de Energía y Minas de Ecuador al parecer estuvo amparada en una cláusula gracias a la cual, una vez terminada la concesión, la empresa matriz que operaba el oleoducto, OCP, debía transferir la totalidad de sus acciones al Estado.

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Hipótesis acerca de la demanda

A falta de mayores datos sobre el proceso de arbitraje, Washington Andrade, abogado y miembro del Frente de Defensa Petrolero ecuatoriano, analizó en X el que, supuestamente, sería el intereés de OCP con la solicitud del proceso de arbitraje.

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“A pesar de que dicha empresa, OCP Ltd., mantiene pasivos laborales y ambientales derivados de sus obligaciones en el contrato que debían entregar saneados (...), esta se ha adelantado a demandar, seguramente para tratar de licuar dichas obligaciones o como ‘estrategia’ para conseguir una renovación del contrato que sería lesiva para el país”, escribió en X.

Respecto a la demanda, el portal especializado Global Arbitration Review documentó: “Una empresa energética de propiedad argentina presentó una demanda ante el Ciadi contra Ecuador porque el Estado no la liberó de garantías por valor de US$100 millones emitidas en relación con la entrega de un importante oleoducto".