Bloomberg Línea — Petroecuador desvinculará a 936 empleados este fin de semana como parte de la tercera fase del proceso de reestructuración que inició en junio.
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La petrolera estatal ecuatoriana detalló que entre los afectados hay 205 servidores públicos y 731 trabajadores con contrato indefinido bajo el Código de Trabajo. De acuerdo con la empresa, sus salarios presentan “distorsiones significativas respecto al valor de sus puestos y funciones”.
Según estimaciones de Petroecuador, estas acciones representa un ahorro anual para el Estado de más de US$31 millones que serán reinvertidos en proyectos estratégicos y tecnológicos del sector energético.
La estatal agregó que la reestructuración se sustenta “en un análisis técnico exhaustivo, sustentado en la normativa legal vigente, y respetando los derechos laborales de todos los empleados”.
Entre los casos expuestos por Petroecuador figura un obrero con un salario de US$2.132 mensuales, pese a que la remuneración correspondiente a su cargo es de US$531. También se menciona a un conductor que ganaba US$1.508, cuando el valor de mercado para su puesto es de US$566.
Las funciones del personal desvinculado serán asumidas por empleados con perfiles y calificaciones equivalentes, lo que garantiza la continuidad operativa.
La reducción de personal empezó a finales de junio con la desvinculación de 70 servidores públicos.
Posteriormente, el 26 de julio, Petroecuador confirmó la separación de otros 250 trabajadores técnicos, incluidos geólogos, ingenieros y operadores. La medida fue rechazada por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP).
Despidos de trabajadores públicos
La decisión de Petroecuador coincide con un proceso más amplio de reestructuración del sector público impulsado por el gobierno de Daniel Noboa, que prevé la salida de al menos 5.000 funcionarios.
Desde el anuncio del plan, el 24 de julio, ya se han concretado más de 2.200 desvinculaciones en cinco entidades públicas, incluidas la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los ministerios de Transporte y Obras Públicas.
El ajuste forma parte de las primeras medidas de austeridad del Ejecutivo, en un contexto de restricciones fiscales y tras la reciente aprobación de apoyo financiero adicional por parte del Fondo Monetario Internacional.
