Bloomberg Línea — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en la mañana de este 16 de septiembre en siete provincias del territorio nacional, en medio del inconformismo del movimiento indígena y de los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel.
La medida regirá durante 60 días en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo por “grave conmoción interna”, según el decreto ejecutivo 134 firmado por el mandatario.
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El documento plantea que la medida busca “detener la radicalización de las medidas de hecho” tomadas en las provincias en mención, haciendo referencia a las “paralizaciones” y cierres viales adelantados por los transportistas, “impidiéndose el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como, el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales”.
También establece que el estado de excepción “no implica la restricción al derecho a manifestarse, siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.
Tras la eliminación del subsidio al diésel, anunciada el 12 de septiembre, el precio del galón de este combustible incrementará un US$1, por tanto, el inconformismo de algunos sectores sociales y gremios económicos, evidenciado en los cierres viales como medida de protesta.
¿Qué es un estado de excepción y qué implica?
Es un mecanismo contemplado en los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución Política de Ecuador, que puede ser decretado en caso de agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
De acuerdo con el artículo 165, durante el estado de excepción el presidente de la República únicamente puede suspender los derechos a la “inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de información, en los términos que señala la Constitución”.
Tras el estado de excepción firmado este martes, se suspende específicamente el derecho a la libertad de reunión, si bien los ciudadanos podrán transitar en las calles a cualquier hora, es decir, no habrá toque de queda, como en otras ocasiones en que se decretó la medida.
La declaratoria también permitirá a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas en seguridad”.
