Bloomberg Línea — Ecuador, que una década atrás era uno de los países más seguros de Latinoamérica, hoy sucumbe ante una ola de violencia sin precedentes, asociada a una realidad inocultable: se convirtió en el “corazón de la cadena global del suministro de narcóticos”, según el International Crisis Group (ICG), una organización global de prevención de conflictos que recopila información y hace análisis a profundidad de esos territorios.
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En el informe ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, publicado este miércoles, el ICG aborda la manera en que el país pasó a ser una “plataforma de exportación” de drogas, sin que las acciones del presidente Daniel Noboa conduzcan a reducciones comprobadas en el volumen de tráfico y en delitos asociados este flagelo, como los homicidios intencionales.
El primer semestre de 2025 fue el más violento en toda la historia de Ecuador, pese a la política de mano dura contra los criminales.
El reporte cita al menos seis circunstancias por las que Ecuador se convirtió en el principal punto de salida de drogas como la cocaína hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.
La desmovilización de las FARC en Colombia
La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC en 2016 trajo consigo una reorganización en el negocio del narcotráfico, abriendo espacio a nuevos actores y actores.
“Se interrumpieron las rutas tradicionales de narcotráfico desde Colombia, el principal productor mundial de cocaína”, dice el reporte. “Esta reconfiguración puso a Ecuador en el centro de la cadena de suministro de narcóticos”.

Aunque el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano continúa siendo un punto de salida de la droga, los puertos de Esmeraldas y Guayaquil en Ecuador ganaron protagonismo.
Desde allí, sale a Europa la cocaína que ingresa refinada y sin refinar a Ecuador desde de Colombia, sostuvo recientemente Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA a Bloomberg Línea.
Un mercado de drogas en transformación
El principal cambio en las organizaciones narcotraficantes es que ahora no tienen el control de todo el negocio, desde la producción hasta la entrega de la droga al consumidor, como los cárteles de antes, sino que en su mayoría cumplen un solo rol dentro de toda la cadena, hecho que dificulta desmantelarlas, pese a la captura de reconocidos capos.
Ahora, el ICG ha identificado al menos cuatro eslabones en la cadena del narcotráfico: inversores, traficantes internacionales, operadores nacionales y bandas locales.

Estructuras como Los Choneros y Los Lobos en Ecuador —operadores nacionales— comenzaron a ser subcontratados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación —traficantes internacionales—, respectivamente, para custodiar la droga desde que ingresa proveniente de Colombia hasta su salida hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.
“Como subcontratistas de narcotraficantes internacionales, gestionan la logística, protegen los cargamentos de droga y ejercen control territorial”, dice el ICG.
Infraestructura portuaria y ubicación estratégica
Ecuador está en medio de los dos de los mayores productores de droga en el mundo: Colombia y Perú. Además, cuenta con el sexto puerto más grande de la región por volumen de carga, el de Guayaquil, en el contexto del aumento del tráfico en contenedores marítimos, lo que propicia la exportación de cocaína.
“Los traficantes ocultan cocaína en contenedores utilizando diversos métodos: en el punto de origen, a través de empresas fachada que se hacen pasar por exportadoras; en plantaciones bananeras donde la fruta se empaca directamente en contenedores; en los puertos con ayuda de empleados corruptos e incluso en altamar”, dice el ICG.

A ello se suma que las autoridades del orden nacional no tienen la experiencia combatiendo al narcotráfico que tienen otros países de la región, como Colombia.
Alianzas con mexicanos, colombianos y albaneses
Además de establecer alianzas con los dos cárteles mexicanos de más peso, las estructuras criminales en Ecuador también tienen conexiones con disidentes de las FARC en Colombia y reductos de grupos paramilitares que ahora integran estructuras como el Clan del Golfo. Incluso han tendido lazos con la mafia albanesa.

“Las mafias balcánicas también son contratistas destacados”, sostiene el ICG. “Activas en Ecuador desde la década de 1990 (...), han establecido vínculos directos con proveedores colombianos de cocaína y supervisan el transporte de la droga desde Colombia hasta Ecuador, donde utilizan su influencia en el puerto de Guayaquil para gestionar las exportaciones a Europa”.
Fragilidad institucional y corrupción
El ICG plantea que Ecuador no estuvo preparado para combatir la criminalidad y contener el recrudecimiento de la violencia, en cierta medida, por el desmantelamiento de instituciones clave, incluidos el Ministerio de Coordinación de Seguridad y el Ministerio de Justicia, como parte de unas medidas de austeridad durante el Gobierno de Lenín Moreno.

“Estos recortes debilitaron las instituciones de seguridad del Estado y la gestión del sistema penitenciario, dejando a los centros penitenciarios vulnerables al control criminal”, analiza el ICG.
A ello se suma “la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales”, evidente en mediáticas investigaciones adelantadas por la Fiscalía, entre ellas, los casos Metástasis, Plaga y Purga.
La dolarización de la economía
Si bien la Ecuador pasó a ser clave en la cadena del narcotráfico especialmente en la última década, la dolarización en su economía en el 2000 ya lo había convertido en “un imán para los grupos criminales que buscaban blanquear sus ganancias ilícitas y realizar grandes transacciones en efectivo”, dice el ICG.

Ello, además de “concurridos puertos marítimos, una extensa red de carreteras y débiles controles fronterizos”, junto con estructuras criminales capaces de ejercer control y custodiar las drogas, facilitaron que el narcotráfico tocara las puertas del país y se arraigara en él.
La relación entre narcotráfico y violencia
La creciente ola de violencia en Ecuador está relacionada con la disputa entre organizaciones como Los Choneros y Lobos desde 2020 en busca de consolidar su hegemonía, con el apoyo logístico del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, respectivamente.
“Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres desprovistos de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales del narcotráfico y las redes de extorsión”, dice el ICG.
La competencia entre las bandas pequeñas por el control territorial apunta a demostrarles a los grupos de mayor tamaño, como Los Choneros y Los Lobos, que son dignos de establecer alianzas con ellos.

Recientemente, Elizabeth Dickinson, analista senior para los Andes del ICG, expuso a Bloomberg Línea que a las bandas locales se les suele pagar con armas y narcóticos, es decir, “se les pone una capacidad instalada y se les empodera”, facilitándoles la entrada a otras rentas criminales, como el secuestro y la extorsión, lo que exacerba la violencia.
Las expresiones de violencia son más evidentes en las zonas costeras, donde estos grupos se multiplican.
“En 2024, seis de los diez cantones más peligrosos de Ecuador, con tasas anuales de homicidios superiores a 120 por cada 100.000 habitantes, se encontraban ubicados en la costa”, documenta el ICG. “El año anterior, ocho de cada diez asesinatos en todo Ecuador ocurrieron en provincias costeras”.
Las medidas de Noboa, ¿sin resultados?
El ICG reconoció que la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ordenó el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024, cuando declaró a 22 bandas criminales como grupos terroristas, brindó resultados en el transcurso de ese año, con una reducción del 17% de los homicidios en el territorio nacional.
Pero ni dicha movilización ni el sinnúmero de estados de excepción decretados desde ese entonces conllevó a una disminución de la violencia a largo plazo. El primer semestre de 2025, los homicidios intencionales repuntaron, con el peor registro en la historia del país.
“Las redadas militares y policiales proyectan el poder estatal, dispersan a los grupos criminales y los empujan a la clandestinidad”, dice el ICG. “Pero la forma abrupta en la que se retiran las fuerzas de seguridad permite que las bandas se reagrupen”.

Por otra parte, el arresto o asesinato de cabecillas de grupos criminales, lejos de mermar la violencia, la pueden reavivar, provocando la fragmentación de estos grupos y tentando a estructuras rivales a expandirse.
Un ejemplo fue lo sucedido con Los Choneros, que se dividieron en 2020 tras el asesinato de líder, alias Rasquiña, dando pie al origen de Los Lobos, con los que ahora riñen.
“Sin una presencia estatal más permanente y positiva en las zonas afectadas por la delincuencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública”, advierte el ICG.
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