Bloomberg Línea — Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes 24 de junio el texto íntegro de la Ley Orgánica de Integridad Pública, una iniciativa enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que incluye reformas en contratación pública, justicia penal y medidas contra el crimen organizado.
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El texto fue impulsado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica y trabajado por la Comisión de Desarrollo Económico. Remitida por Noboa, la ley reforma 19 cuerpos normativos distintos, desde el Código Penal hasta la Ley de Tránsito.
Según el oficialismo, la nueva normativa busca erradicar la violencia y la corrupción en todos los niveles del sector público, mejorar la eficiencia institucional y asegurar que los bienes y servicios del Estado respondan a las necesidades ciudadanas.
La nueva ley declara emergencia en el sistema judicial para agilizar el nombramiento de jueces, reforma aspectos del uso de radares en la Ley de Tránsito y amplía las competencias del Consejo de la Judicatura e introduce la evaluación de funcionarios públicos.
Aumentarán las penas para adolescentes
La legislación también incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), referidas al tratamiento penal de adolescentes infractores, para que, en casos de delitos graves, estos podrán ser juzgados bajo el mismo procedimiento penal que los adultos.
La iniciativa contempla aumentar la pena máxima de ocho a 15 años de reclusión para adolescentes vinculados en delitos graves como el homicidio, con la modificación del artículo 385 del Código de la Niñez y Adolescencia.
“Van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir, van a ser juzgados como adultos”, sostuvo la asambleísta oficialista y ponente del informe, Valentina Centeno.
Para los delitos con pena privativa de hasta tres años, la iniciativa busca que la justicia aplique amonestaciones, orientación familiar, trabajo comunitario, casa por cárcel y libertad asistida.
La ley además plantea aumentar el periodo de internamiento preventivo de 90 a 180 días, así como rebajar en un 50% las condenas de los adolescentes que delaten a sus reclutadores.
“Esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”, agregó Centeno.
La Unicef expresó su preocupación por la incorporación de estas reformas que califica de “regresivas al sistema de justicia penal juvenil”, puesto que podrían afectar “gravemente” a los adolescentes.
“Este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador”, sostuvo en un comunicado.
Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador. “Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes”.
¿Una nueva amnistía?
La ley también aprueba un nuevo perdón de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias no pagadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta diciembre de 2024.
Los contribuyentes que paguen total o parcialmente las obligaciones tributarias derivadas de los tributos cuya administración y recaudación le correspondan al SRI, y que el hecho generador se haya configurado hasta el 31 de diciembre de 2024, gozarán de la remisión del 100% de intereses, multas, costas y recargos derivados de las obligaciones, respecto del capital pagado.
Para el efecto, el pago deberá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta remisión comprende las costas procesales, cauciones y/o afianzamientos que se hubiere generado a cargo del sujeto pasivo.
Si antes de la entrada en vigor de esta ley el contribuyente realizó los pagos que sumados equivalgan al capital de la obligación, quedarán remitidos los intereses, multas y recargos, restantes. Los valores que excedan el monto del capital de la obligación no constituyen pago indebido o pago en exceso.
¿Qué permite y qué limita la nueva Ley?
Con esta ley, el Ejecutivo gana mayor control en temas financieros y judiciales, como la designación de la cúpula del Banco Central.
También le da facultades al Consejo de la Judicatura de elegir a jueces y fiscales amparándose en la situación de urgencia, y de aplicar sanciones por prevaricato cometido por jueces.
A su vez, se endurece el control sobre servidores públicos, quienes podrán ser evaluados cada seis meses y destituidos por bajo rendimiento, según la postura del oficialismo.
En contraste, se limita la autonomía de ciertas entidades y podría afectarse derechos laborales y garantías de estabilidad en el sector público, según denunció la bancada de la Revolución Ciudadana.
Otras modificaciones
El proyecto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público; la gestión pública en su conjunto; y la erradicación de redes delictivas.
En ese marco, la ley moderniza el sistema de compras públicas —Registro Único de Proveedores, catálogo electrónico y menos modalidades de contratación— e impone evaluaciones semestrales que pueden terminar en destitución de servidores por bajo rendimiento.
Además, abre la puerta para que algunas cooperativas de ahorro y crédito, luego de un análisis de interconexión y riesgo sistémico, pasen a ser bancos.
De igual forma, al texto íntegro aprobado se incorporan los elementos planteados en la moción presentada por el legislador del oficialista ADN, Andrés Castillo, relacionados con el balance general del Banco Central; la sanción de expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional; la deportación en el contexto del conflicto armado interno; eliminar la Secretaría de Alianzas Público-Privadas; y volver al esquema correísta de las Juntas Financiera y Monetaria.
Para el abogado ecuatoriano Gonzalo Muñoz, “lo que ha sucedido en la Asamblea es arbitrario y sumamente grave, debido a que el proyecto de Ley de Integridad Pública no sólo presenta vicios de inconstitucionalidad por la forma al contener una amalgama de disposiciones”, dijo en X.
El experto también cuestionó las modificaciones “de último momento al informe para segundo debate, sin que el mismo regrese a la comisión”, tal cual lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Según Muñoz, la ley está destinada a caerse en la Corte Constitucional.
El texto pasará ahora al presidente Noboa para veto u objeción parcial.
