Bloomberg Línea — El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró que tramitará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de agentes extranjeros, con la que buscaría gravar con un impuesto del 30% los recursos recibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
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Bukele señaló a una ONG de impulsar manifestaciones cerca de su casa, para exigir que detuviera el desalojo de unas 300 familias agricultoras de un terreno privado en cantón El Triunfo (Santa Tecla), al suroeste de la capital.
“Todo indica que los manifestantes no solo fueron manipulados, sino que incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso”, escribió el mandatario en X.
Bukele sustentó que, si bien entiende la situación de las familias afectadas, agrupadas en la cooperativa El Bosque, no le parece justo que la solución sea “financiar terrenos” con los impuestos de los ciudadanos que, entre otras, tienen que pagar el arriendo o cuotas de vivienda de sus lugares de residencia.
“Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben", sostuvo Bukele. ”Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa".
La razón por la que, al parecer, las familias serían desalojadas del predio en el que habitan desde 1985 es el incumplimiento con el pago de un préstamo para contrarrestar las afecciones a una cosecha por una plaga. En total, deberían US$800.000 a los acreedores.
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Lo cierto, más allá de que los afectados con el desalojo que deberá ser efectivo a partir del 22 de mayo denuncien haber sido víctimas de estafa, la justicia ha fallado en su contra, como explicó el propio Bukele.
“El caso que motivó la protesta viene desde 1998 y ya fue judicializado en 2008, con sentencia firme en todas las instancias a favor del acreedor”, dijo el presidente de El Salvador.
Esta, sin embargo, no es la primera vez que Bukele plantea la posibilidad de radicar en la Asamblea Legislativa un proyecto de esa índole; lo mismo hizo en 2021, aunque recibió cuestionamientos, entre ellos, de Human Rights Watch (HRW).
“De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HWR en ese entonces.
