Bloomberg Línea — La captura del abogado Enrique Anaya, crítico del presidente Nayib Bukele, marca un nuevo punto de inflexión en la creciente presión contra voces independientes en El Salvador.
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La detención, confirmada el sábado 7 de junio por la Fiscalía General de la República, coincide con la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, que ha generado preocupación entre Gobiernos y organismos internacionales por su potencial para restringir la defensa de derechos humanos y cerrar el espacio cívico.
La ley en mención, aprobada a petición del Ejecutivo por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo, grava con un impuesto del 30% las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.
En respuesta, el Gobierno de Bukele ha optado por una postura de confrontación a las críticas externas.
Anaya fue arrestado en su casa en la ciudad Santa Tecla, al oeste de San Salvador, acusado del delito de lavado de dinero y activos, y “será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días”, dijo la FGR.
El abogado constitucionalista es una de las voces más críticas del Gobierno salvadoreño e incluso ha calificado a Bukele de “dictador” y cuestionado su reelección de febrero de 2024.
La captura se produce después de la detención, el pasado 18 de mayo, de la también abogada Ruth López, jefa de una unidad anticorrupción de la oenegé de derechos humanos Cristosal, quien fue acusada de malversación de fondos estatales cuando trabajaba para un tribunal electoral hace una década.
“En El Salvador no hay ninguna institución pública que garantice los derechos de los salvadoreños. Soy inocente”, gritó López al salir del juzgado esposada y vestida de blanco el pasado 4 de junio.
Preocupación internacional
En un comunicado, la Unión Europea dijo que la Ley de Agentes Extranjeros contradice las obligaciones contraídas por El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado Parte.
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Además, con la legislación se corre el riesgo de restringir el acceso de los actores de la sociedad civil al financiamiento, “que es esencial para su funcionamiento y vital para cualquier democracia saludable”.
De igual forma, la UE expresó su preocupación por las recientes detenciones de defensores de los derechos humanos, e instó a las autoridades salvadoreñas a respetar sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como que garanticen su seguridad e integridad física.
Si bien el bloque reafirmó su compromiso de apoyar el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible en el país, advirtió que la nueva legislación sobre agentes extranjeros y la reducción del espacio para la sociedad civil “corren el riesgo de socavar el desarrollo y podrían afectar negativamente a la cooperación”.
En X (antes Twitter), el presidente Bukele respondió en su tono habitual: “El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobrerregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la nueva Ley de Agentes Extranjeros podría “inviabilizar la sostenibilidad financiera” de organizaciones y medios comunitarios que dependen de cooperación internacional, al tiempo que alertó sobre la discrecionalidad en las actividades prohibidas y el uso de la legislación como posible mecanismo de persecución.
Además, documentó los arrestos recientes de defensores de derechos humanos y comunitarios, entre ellos Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala, así como órdenes de aprehensión contra Ivania Cruz y Rudy Joya. Un día antes de su arresto, Enrique Anaya compartió en redes sociales la declaración de la CIDH y escribió: “Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional”.
Durante su discurso por el primer año de su segundo mandato consecutivo, en una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador, Bukele dijo el 1° de junio que le tiene sin cuidado que le llamen “dictador” y que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho “son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos”.
