Bloomberg Línea — Ruth López, activista de derechos humanos y crítica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue detenida la noche del domingo en virtud de una orden de la Fiscalía General de la República que la acusó de “malversación de fondos” cuando trabajó para un tribunal electoral hace una década.
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López es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización sin fines de lucro Cristosal y ha cuestionado abiertamente a las detenciones generalizadas de Bukele, en su mayoría de jóvenes, sin el debido proceso bajo el estado de excepción que comenzó en marzo de 2022.
La institución también ha denunciado “graves violaciones” contra los más de 250 migrantes venezolanos deportados por el Gobierno estadounidense y recluidos desde marzo en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
En 2024, Ruth Eleonora López Alfaro fue reconocida por la BBC en su lista de las 100 mujeres influyentes e inspiradoras.
El Ministerio Público señaló en X que López “fue asesora de confianza” del exmagistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero pasado por presunto enriquecimiento ilícito en perjuicio de la Administración Pública.
Luego, según el mensaje, mientras la abogada ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), continuó desempeñándose como “la mano derecha de Chicas”, durante su gestión como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, durante la administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Durante estos períodos, “López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado”, agregó.
Tras su captura por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), Cristosal afirmó en un comunicado que su compañera "estaría siendo víctima de una desaparición forzada de corta duración, debido a que, hasta ahora, ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que está recluida.
“El hecho de que las autoridades no informen sobre su ubicación ni permitan el acceso a sus abogados constituye una violación flagrante al debido proceso, al derecho a la defensa y a los estándares internacionales de protección judicial”, dijo la organización.
Unos 41 minutos después de que se conociera el arresto de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos del Gobierno salvadoreño, Andrés Guzmán Caballero, informó sobre su renuncia al cargo, aunque no hizo mención directa del caso.
“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele”, publicó en X.
Amenazas a la libertad
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), junto con otras organizaciones internacionales, condenaron la detención de López, al tiempo que expresaron su preocupación por el ambiente de miedo cada vez más generalizado que amenaza la libertad en el país.
La detención de Lopéz ocurre cinco días después de que Bukele anunciara un proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros” que aplicará un impuesto del 30% a las oenegés sobre las donaciones que reciban, similar a una iniciativa promovida por su Gobierno en 2021 pero con una tasa del 40%.
El plan se anunció después de que cientos de pobladores de una comunidad rural se concentraran la noche del lunes 12 de mayo a inmediaciones de la residencia del mandatario para pedir su ayuda ante una orden judicial de desalojo, tras un proceso legal en el que alegan fueron estafados.
A través de su cuenta de X, Bukele defendió la iniciativa de la ley como una respuesta directa a las 300 familias afectadas, señalando que los fondos recaudados mediante el nuevo impuesto servirían para cubrir la deuda de la cooperativa campesina.
“Así todos ganan”, dijo al referirse que se evitaría que la población pague “por reclamos ajenos” y “las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”.
“La Ley de Agentes Extranjeros propuesta por Nayib Bukele atenta contra el espacio cívico, el cual alimenta cualquier sociedad democrática. WOLA condena este tipo de medidas autoritarias”, publicó la organización en X.
