Bloomberg Línea — El Centro de Confinamiento por Terrorismo (Cecot), una megacárcel, ubicada en Tecoluca, al centro de El Salvador, es uno de los símbolos de la ofensiva a gran escala contra las maras que ha liderado el presidente de la República, Nayib Bukele, desde marzo de 2022.
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La prisión ha vuelto a acaparar la atención internacional luego de que el 16 de marzo se concretara el traslado de inmigrantes desde Estados Unidos, presuntamente miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, agrupación recién designada por EE.UU. como organización terrorista global.
El movimiento se enmarca en un acuerdo en el que la administración de Donald Trump pagará al gobierno del presidente salvadoreño US$6 millones por un año de servicios, renovable.
Bukele dijo en X que estas acciones combinadas con el programa Cero Ocio, “contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario”, que cuesta US$200 millones anuales.
El Cecot, compuesto de ocho pabellones en expansión, puede albergar hasta 40.000 reclusos. Cada celda tiene capacidad para 65 a 70 prisioneros, pero la instalación no está dirigida a la reinserción social.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha dicho que en el centro penitenciario están “eliminado este cáncer de la sociedad, célula a célula”, asegurando que “nunca más salgan” de la cárcel. “Pagarán por lo que son: cobardes terroristas”.
Esto fue confirmado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que expresó su preocupación por “la ausencia de políticas de reinserción social“. En 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo comparó con un ”campo de concentración“, una postura que lo llevó a tener encontronazos con Bukele.
Los presos del Cecot tampoco reciben visitas y nunca se les permite salir. Los comedores, las salas de descanso, el gimnasio y los juegos de mesa de la prisión son para los guardias.
Las personas como “bienes intercambiables”
Los aviones aterrizaron a El Salvador el domingo mucho después de que el juez federal de distrito de Washington D.C., James E. Boasberg, emitiera una orden de restricción temporal para evitar que eso sucediera. Ante la situación, el mandatario salvadoreño reaccionó burlándose sobre el tema.
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Durante el discurso de toma de posesión, Trump dijo que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El sábado 15 de marzo, Trump firmó una proclamación invocando esa ley de 227 años de antigüedad.
Desde que Bukele ofreció al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, externalizar parte del sistema penitenciario estadounidense, organizaciones defensoras han abierto un amplio debate sobre los derechos humanos y el riesgo de tratar a los individuos como bienes intercambiables.
Al respecto, el 13 de marzo, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, instó a que “en lugar de continuar con la elaboración de acuerdos que vulneran los derechos humanos”, EE.UU. debería colaborar con El Salvador para desarrollar un sistema de seguridad pública que se base en el respeto de los derechos fundamentales y en el abordaje de las causas estructurales de la violencia.
Por su parte, la profesora de Derecho en la Universidad Americana de Washington (AUWCL), Rebecca Hamilton, dijo en X que los reos “no han tenido el debido proceso desde que fueron arrancados de sus vidas y familias en Estados Unidos hasta que ahora se encuentran en la prisión de Cecot en El Salvador”.
Cada uno de los detenidos estaba esposado de pies y manos y fue sometido por unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y personal de la Dirección General de Centros Penales, desde la bajada del avión hasta el autobús que lo condujo al Cecot.
Actualmente, el 2,5% de la población salvadoreña está en prisión, equivalente a 109.519 personas, según cifras a marzo de 2024 de Cristosal Centroamérica.
