Bloomberg Línea — Con la vía libre para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busque un tercer mandato consecutivo, analistas advierten que el nuevo escenario político contraviene los principios de una democracia representativa y podría enfriar la confianza de los inversionistas.
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El pasado 31 de julio, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, aprobó una serie de reformas constitucionales para abolir los límites del mandato presidencial, extender el período presidencial de cinco a seis años y adelantar las próximas elecciones a 2027.
El Citi Economic Outlook de agosto proyecta que El Salvador crecerá un 2,4% en 2025 y un 2,2 % en 2026. Aunque el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero ha generado confianza en los mercados, el entorno político podría alterar esa percepción.
En una conferencia virtual, Esteban Tamayo, economista principal de Citi para Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe, dijo que obtener un apoyo deL multilateral trae elementos “muy positivos”. Por un lado, “obliga a un control fiscal, digamos, con un oversight (vigilancia) internacional”, que lleva a que el Gobierno tenga mayor control de un tercero para su planeación fiscal hacia adelante.
Por otro lado, mejora la disposición de otros prestamistas, incluidos multilaterales e inversionistas privados, a financiar al gobierno. “Eso crea una oportunidad que todavía no sabemos qué tanto está dispuesto el Gobierno a tomarla”, dijo el experto, al advertir que dependerá del tipo de programas que se prioricen, ya que no todos necesariamente impulsan el crecimiento económico.
Sin embargo, El Salvador “tiene otros elementos que limitan”, advirtió. Por ejemplo, la reforma pensional vigente que suspendió temporalmente los pagos a los fondos previsionales.
Ahora, con la aprobación de la reelección indefinida, “la población está bien con un posible nuevo mandato del presidente, pero llega un punto donde los inversionistas extranjeros empiezan a poner eso en duda”, dijo Tamayo, apuntando que 2027 será un año clave por la coincidencia del fin del programa con el FMI, el nuevo ciclo electoral y el retorno de pagos previsionales.
Opiniones encontradas
Bukele, de 44 años, ha sido presidente de la nación centroamericana desde 2019. En 2024, consiguió un segundo mandato, pesar de una clara prohibición en la constitución salvadoreña.
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En su cuenta de X, el mandatario justificó la reforma, señalando que la mayoría de los países desarrollados aceptan este mecanismo para sus líderes sin cuestionamientos.
Sin embargo, el director regional adjunto de Amnistía Internacional para las Américas, César Marín, consideró que la forma en que están aprobándose las enmiendas “revela un patrón de prácticas autoritarias que buscan socavar las condiciones necesarias para el pleno goce de los derechos humanos”.
También la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas dijo que “el paso se ha dado cuando aún la popularidad es alta y la resistencia a la deriva autoritaria, casi nula, en un contexto de temor y desprotección”, un escenario en el que, desde un punto de vista jurídico, ya no existe Estado de derecho.
En contraste, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. aseguró a la agencia Efe que “la Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores”, y afirmó que “la decisión de realizar cambios constitucionales es suya”.
Además, rechazó las comparaciones “con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región” y defendió el proceso como “constitucionalmente sólido”.
Ante una pregunta de un periodista sobre las reformas en El Salvador, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó la decisión del Legislativo como un acto soberano. Aunque dijo no ver probable un escenario similar en su país, evitó criticar la reforma impulsada por Bukele.
“Yo no soy Laura Chinchilla para comentar sobre la decisión de una Asamblea soberana”, dijo el mandatario, en referencia a que la expresidenta costarricense, junto con otros 26 exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) condenaron en la reforma, sobre la que consideraron que viola “la Carta Democrática Interamericana”.
