Bloomberg Línea — El Ejecutivo guatemalteco propone una nueva ley antilavado de dinero con carácter de urgencia, como parte de una estrategia para frenar el financiamiento ilícito y cumplir con estándares internacionales.
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“Cada quetzal lavado termina financiando a la delincuencia, a los corruptos y dañando nuestras instituciones”, dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, al anunciar el anteproyecto de ley en un mensaje transmitido por medios nacionales el domingo 27 de julio.
La iniciativa 6593 Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo fue remitida al Congreso de la República el lunes 28 de julio, un día antes de la última sesión extraordinaria con la que finalizó el receso parlamentario.
Aunque figuraba en la agenda del martes, el pleno no llegó a conocer oficialmente el anteproyecto. La Comisión Permanente, afín al al oficialista Semilla, tenía previsto incluirlo en la lectura de iniciativas, para posteriormente remitirlo a comisiones de trabajo y avanzar en su dictamen.
Sin embargo, la discusión quedó pendiente para el segundo período ordinario que iniciará en agosto.
En su mensaje, Arévalo de León dijo que “la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción” es el esfuerzo “más urgente que enfrentamos como nación”, y que trabajar en este objetivo “no admite demoras”.
“Esta no es una ley más”, afirmó el mandatario guatemalteco, al calificar el instrumento como un golpe directo “a las organizaciones delictivas en donde más les duele: sus finanzas”.
El grado de inversión de Guatemala
El gobernante agregó que la propuesta de ley busca favorecer a Guatemala en virtud de que cumplirá con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización internacional que promueve reglas comunes para que el dinero del crimen no entre a las economías.
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Recalcó que, si los diputados no aprueban la nueva ley antilavado, y en consecuencia no se instrumenta este año, el país podría ver perjudicado su grado de inversión. “Guatemala corre el grave riesgo de entrar a la Lista Gris de países que no cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero”.
Entrar en la denominada Lista Gris en 2027, “crearía límites significativos en las transacciones internacionales, encarecería el costo del financiamiento externo y por ende el acceso al crédito”.
También se correría el riesgo de “la eventual pérdida de que bancos locales puedan trabajar con bancos internacionales, dificultando operaciones esenciales para el pueblo de Guatemala como remesas, pagos internacionales o cartas de crédito para exportadores”.
“Por eso hemos optado por este camino, el de la seriedad, del respeto a la ley y del reconocimiento de nuestro país en el exterior”, enfatizó el presidente.
Según el titular del Legislativo, la nueva ley “también permitirá apuntalar el crecimiento de nuestra economía y la inversión en Guatemala”.
En el primer trimestre del año, el país captó más de US$450 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), un aumento de más del 15% respecto del mismo período de 2024.
Otro de los elementos clave del anteproyecto es la inclusión de los operadores de criptomonedas en el marco de regulación y supervisión.
Esta medida, en criterio del sitio BeInCrypto, responde al crecimiento sostenido del uso de activos digitales como bitcoin en Guatemala, especialmente entre quienes que buscan proteger su dinero frente a la inflación o acceder a sistemas financieros alternativos.
