Bloomberg Línea — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este miércoles una serie de medidas extraordinarias para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar la seguridad nacional, luego de que la noche del sábado 11 de octubre se fugaran 20 reos de alta peligrosidad vinculados a la pandilla Barrio 18 desde la prisión de Fraijanes II, situada en un poblado cercano a la capital, Ciudad de Guatemala.
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Durante la cadena nacional, el mandatario, quien retornó recientemente de una gira por Europa, aseguró que lo ocurrido “no es un simple fallo operativo, sino una falta grave contra cada guatemalteco”, y agregó, sin mencionar nombres, que la crisis se originó por “actores políticos oportunistas asociados a redes delincuenciales”.
La respuesta oficial, que suma al desligue desde el momento que se conoció la fuga, incluye cambios en el gabinete de seguridad, el inicio de una reforma penitenciaria de gran escala, y el fortalecimiento de alianzas internacionales para combatir al crimen organizado.
Como consecuencia inmediata, el presidente aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y del viceministro de Seguridad, José Portillo. Sus reemplazos serán anunciados pronto, dijo.
Además, fueron destituidos el jefe del Sistema Penitenciario y los directivos de la prisión de Fraijanes II, en un esfuerzo por asumir responsabilidades.
Arévalo de León anunció también la creación de una fuerza de tarea interinstitucional, integrada por órganos de control interno, la Comisión Nacional Contra la Corrupción y el Ministerio de Gobernación, para revisar los procedimientos administrativos y cerrar espacios a la corrupción dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario.
Entre las principales medidas anunciadas está la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad, con capacidad para 2.000 reclusos, cuya edificación estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se prevé esté lista en un plazo de 12 meses.
Asimismo, el Gobierno pondrá en marcha el primer censo penitenciario nacional, utilizando tecnología biométrica para identificar a cada persona privada de libertad, con el fin de localizar, clasificar y monitorear a los internos en tiempo real, explicó el titular del Ejecutivo.
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Luchas contra las maras
La respuesta al escándalo penitenciario también ha tenido una dimensión internacional. El presidente Arévalo de León confirmó el apoyo técnico del FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses, lo que incluye cooperación para la recaptura de los prófugos y asesoramiento en el rediseño del sistema penitenciario.
El respaldo de Estados Unidos llega tras una declaración de emergencia nacional en Guatemala y luego de que Washington calificara la fuga como “totalmente inaceptable”.
Desde septiembre, EE.UU. incluyó al Barrio 18 en su lista de organizaciones terroristas, por lo que sus integrantes son considerados una amenaza transnacional.
En una publicación en redes sociales, la embajada estadounidense exigió la recaptura inmediata de los reos y advirtió que cualquier persona que brinde apoyo material a los fugitivos será considerada cómplice y deberá rendir cuentas.
La fuga de los 20 internos, 19 de los cuales aún permanecen prófugos, ha obligado a que Guatemala también refuerce la vigilancia en fronteras con Honduras y México.
Por ahora, las fuerzas de seguridad continúan desplegadas a nivel nacional, mientras se mantienen alertas internacionales con apoyo de Interpol y se ofrecen recompensas de hasta 150.000 quetzales (unos US$19.500) por cada reo capturado.
Para Arévalo, la reforma del sistema penitenciario se convierte ahora en una prioridad de Estado. “No descansaremos hasta devolver la tranquilidad que cada familia guatemalteca merece”, dijo el presidente guatemalteco.
En paralelo a las medidas ejecutivas, el Congreso guatemalteco avanzó esta semana en la aprobación de la llamada Ley Antimaras, una iniciativa que declara a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas y fortalece el marco jurídico para su combate frontal. La normativa incluye reformas penales, creación de cárceles de máxima seguridad, el uso de agentes encubiertos, y la asignación de 200 millones de quetzales para equipamiento policial y programas de prevención en zonas vulnerables.
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El proyecto, que se encuentra en su etapa final de revisión, también ordena la creación de dos mesas interinstitucionales, una enfocada en operaciones para desarticular estructuras criminales y otra orientada a la prevención del fenómeno de las maras.
