Bloomberg Línea — Los distintos Gobiernos en Guatemala han incumplido sus obligaciones con las niñas que enfrentan embarazos tempranos y forzados como resultado de la violencia sexual, dijo Human Rights Watch.
La organización documentó en el informe “‘Forzadas a renunciar a sus sueños’: Violencia sexual contra niñas en Guatemala”, las barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia.
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El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala informó que entre 2018 y 2024, 14.696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
“La falta de acciones adecuadas por parte de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas puede tener consecuencias que ponen en riesgo la vida, incluidos daños a su salud física y mental, además de afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de las mujeres en HRW.
La oenegé entrevistó a más de 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, personal de salud y otros expertos para el informe en 2023 y 2024.
Los programas de protección social para las niñas embarazadas y las que son madres también son inadecuados para garantizar su derecho a la seguridad social, según el análisis.
El programa Vida del gobierno, destinado a proporcionar asistencia en efectivo a las niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una baja cobertura debido a sus requisitos de elegibilidad restrictivos y a la burocracia. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas, a pesar de que 1.953 niñas menores de 14 años dieron a luz ese año.
Además, el camino hacia la justicia para las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual está lleno de vacíos y desigualdades sistémicas.
Entre enero de 2018 y octubre de 2023, se desestimaron 6.697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, 2.271 de ellos solo en 2023.
A pesar de que algunos casos avanzaron, la rendición de cuentas sigue siendo baja: entre enero de 2018 y septiembre de 2023, los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares y 102 condenas por violación en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años, es decir, que solo el 1,52% de los casos de violación a niñas menores de 14 años llegan a una sentencia.
| Años | Desestimaciones fiscales y judiciales | Acusaciones preliminares | Condenas |
|---|---|---|---|
| Total (2018-2023) | 6.697 | 136 | 102 |
Las fallas del sistema de justicia evidencian la ausencia de un enfoque sensible al género y centrado en las niñas dentro de los procesos legales. Las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan múltiples barreras, como estereotipos de género, maltrato y dificultades para acceder a oficinas gubernamentales.
El sistema educativo de Guatemala también falla en brindar apoyo a las niñas embarazadas y a las niñas madres. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas habían sido registradas como inscritas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio.
“Sin reformas significativas, que incluyan el fortalecimiento de la prevención, los servicios y el acceso a la justicia, las niñas en Guatemala seguirán enfrentando niveles alarmantes de violencia sexual y barreras insuperables para ejercer sus derechos”, dijo Quijano Carrasco.
“El gobierno necesita tomar medidas urgentes para garantizar que las niñas que son sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a la atención médica, educación, seguridad social y las protecciones legales a las que tienen derecho, para poder recuperarse y reconstruir sus vidas”, agregó.
