Bloomberg Línea — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció el envío al Congreso de la República de iniciativas de ley orientadas a combatir con mayor contundencia a las pandillas y al crimen organizado, con medidas que incluyen la creación de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para pandilleros, el endurecimiento de penas por extorsión y usura, y la modificación del Código Procesal Penal.
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“Debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala y este es el crimen organizado”, dijo el mandatario el lunes 6 de octubre durante su habitual conferencia “La Ronda”, en el Palacio Nacional de la Cultura.
Las propuestas legislativas, elaboradas por el Ministerio de Gobernación en coordinación con otras instituciones del Ejecutivo, buscan dotar al Estado de herramientas legales para enfrentar a estructuras criminales que, según el gobierno, operan con sofisticación, jerarquías definidas, financiamiento ilícito y vínculos transnacionales.
La Iniciativa de Fortalecimiento Penitenciario y de Tratamiento ante Grupos Delictivos Organizados u Organizaciones Criminales Autodenominadas Maras o Pandillas, conocida como Ley Antipandillas, propone reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Ley de Terminales Móviles.
El paquete de medidas se enmarca en un contexto de recrudecimiento de la violencia criminal en el país. Según autoridades guatemaltecas, hace seis meses se registró un repunte en los homicidios, impulsado por pandillas y estructuras de narcomenudeo que intentaban “enviar un mensaje de miedo y caos”.
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En respuesta, el Gobierno emprendió operativos que incluyeron el traslado de cabecillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha Renovación 1, el desmantelamiento de estructuras delictivas y un refuerzo en el control del sistema penitenciario. El Ministerio de Gobernación sostiene que septiembre fue “uno de los más seguros en la última década” y que la ciudadanía “ya no es indiferente” frente a la violencia, sino que “hoy somos un país que se defiende”.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que el Gobierno está decidido a dotar a la Policía Nacional Civil, al sistema penitenciario y a los operadores de justicia de herramientas legales eficaces para actuar “con firmeza, legalidad y sin excusas”.
También advirtió que, a pesar de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia, su administración continuará “golpeando al crimen organizado y al narco donde más les duele”.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, calificó las reformas como “la herramienta que necesita este país para proteger la vida y para cerrar las brechas que permiten que los criminales operen desde la impunidad”, dijo el funcionario.
“Detrás de cada reforma hay una historia. Detrás de cada artículo hay una víctima, una comunidad golpeada, una madre que ha perdido a su hijo, un país que ha dicho: ya basta”.
El centro penitenciario propuesto en las reformas sería exclusivo para miembros de maras o pandillas, con condiciones de máxima seguridad y vigilancia permanente. “Este centro tendrá la prohibición del ingreso de encomiendas, un máximo de dos reclusos por celda y control total de las visitas a través de identificación facial y registro de voz”, dijo la viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia.
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“También estamos pidiendo la equiparación de las penas, para que tanto la extorsión como los delitos establecidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada tengan la misma cantidad de años de prisión, ya que la extorsión y la obstrucción extorsiva de tránsito generan los mismos niveles de violencia psicológica y física sobre las víctimas”, refirió Palencia.
