Bloomberg Línea — El Gobierno de Guatemala abordó este jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo que considera “las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático” del país.
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La intervención desde la sede en Washington D.C. estuvo a cargo del canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado, en una sesión extraordinaria solicitada por el presidente Bernardo Arévalo.
Durante su exposición, el diplomático advirtió sobre acciones “arbitrarias e ilegítimas” atribuidas a operadores del sistema de justicia y al Ministerio Público, las cuales, dijo, buscan desconocer los resultados de las elecciones generales de 2023 y forzar la destitución de autoridades electas.
El ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco señaló en particular al juez Fredy Orellana y a la fiscal general Consuelo Porras, a quienes el Ejecutivo acusa de intentar anular al partido oficial Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral ya fue validado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ambos funcionarios del Poder Judicial han sido sancionados por una decena de Gobiernos, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea.
Martínez recordó que la Corte de Constitucionalidad declaró improcedentes las resoluciones del juzgado Séptimo Penal que pretendían invalidar la inscripción del partido político de Arévalo, Movimiento Semilla, y advirtió al juez de abstenerse de emitir fallos contrarios a la Constitución de la República.
Asimismo, denunció un “uso político” del Ministerio Público por mantener abiertas 24 investigaciones contra el actual gobierno, mientras más de 300 denuncias contra la administración anterior no muestran avances.
En la sesión también intervinieron representantes de Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, entre otros, quienes expresaron su respaldo al Gobierno de Guatemala y a la defensa del orden constitucional.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó que la organización mantiene una observación cercana de la situación en Guatemala y reiteró que la voluntad popular “debe ser respetada por todos los actores”.
“Hoy, la OEA reafirma su apoyo constante a las instituciones democráticas de Guatemala, a la voluntad de su pueblo y al gobierno legítimo elegido en elecciones transparentes y creíbles”, dijo. “Hacemos un llamado a todos los actores a mantener el diálogo, la unidad y el respeto al orden constitucional”.
En respuesta a las denuncias de ‘lawfare’, Ramdin anunció el envío de una misión especial que visitará el país centroamericano “prontamente”, para acompañar los esfuerzos por preservar la estabilidad institucional y fortalecer el proceso democrático.
La misión estará financiada por España, Francia, Suecia, Suiza, Noruega, Italia y las Naciones Unidas, que fungen como observadores permanentes de la organización.
La sesión ocurrió cuatro días después de que el presidente Arévalo denunciara en cadena nacional un “intento de golpe de Estado” del que responsabilizó a sectores del sistema judicial. “Guatemala no puede ser rehén de quienes usan la toga para servir a la corrupción. Es hora de defender la democracia con decisión”.
Apenas el miércoles 29 de octubre, el MP presentó una solicitud de antejuicio ante el Organismo Judicial para retirar la inmunidad al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera, para que ambos enfrenten una investigación por posible incumplimiento de deberes, tras la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II.
