Bloomberg Línea — El 2 de junio, el Ministerio Público de Guatemala ordenó la detención de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, y de Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia y actual embajador del país ante el Vaticano.
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Ambos desempeñaron roles de liderazgo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una organización respaldada por la ONU que trabajó para erradicar la corrupción y reducir la violencia en el país centroamericano durante una docena de años, hasta que fue cerrada en 2019.
En un video en redes sociales, José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), informó que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal autorizó la emisión de órdenes de captura contra Velásquez y Camargo, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
La denuncia también pide el arresto de otros 24 exempleados y colaboradores guatemaltecos de la CICIG, diez de los cuales están en el exilio, incluyendo a Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, alega que un acuerdo de cooperación que los abogados de la CICIG negociaron con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, en el que empleados de la empresa testificaron sobre sobornos pagados a destacados funcionarios y políticos guatemaltecos, fue ilegal.
Tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad diplomática por su trabajo con la CICIG, dijo Stephan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas.
La reacción de Petro
En reacción, durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instruyó el martes a la canciller Laura Sarabia emitir un acto administrativo para prohibir el ingreso al país a Porras, y de sus allegados, a quienes calificó como “amigos mafiosos”.
Petro afirmó que la solicitud del acto administrativo, el cual pidió recibir a más tardar este miércoles, representa una defensa de la dignidad nacional y un respaldo a personas “honestas”.
Con esta decisión, Colombia se suma a los más de 40 países, incluyendo Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea, que han restringido el ingreso a Porras y altos funcionarios del Ministerio Público guatemalteco, acusados de debilitar la justicia y socavar la democracia.
En X, Porras respondió al presidente Petro diciéndole que “es un honor apoyar en la búsqueda de justicia contra la corrupción que, lamentablemente, ha llegado a ocupar puestos importantes en su Gobierno”.
Los ataques de Porras al Gobierno de Arévalo
En mayo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, aseguró que el MP del país centroamericano ha “implementado una política de criminalización” contra “grupos específicos”, principalmente aquellos que luchan contra la impunidad y la corrupción.
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Por su parte, mediante un comunicado divulgado, el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial que emitió la orden de captura no cuenta “con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, por lo que manifestó su rechazo.
La ofensiva legal de Porras ha perdurado. En abril pasado, hizo arrestar a Luis Pacheco, un líder indígena que se desempeñó como viceministro en el Ministerio de Energía y Minas, por las protestas de 2023 que encabezó para apoyar a Arévalo contra los esfuerzos de Porras para bloquear su toma de posesión.
El mandatario ha pedido su renuncia desde que asumió el cargo en enero de 2024, pero ella se ha negado diciendo que dirige una “institución autónoma e independiente”. En cambio, se ha enfrentado a él y a su gobierno, impulsando incluso varios intentos por revocar su inmunidad judicial.
