Bloomberg Línea — Desde tempranas horas del miércoles, más de 30 puntos de Guatemala seguían bloqueados por sectores que rechazan el pago de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.
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Los paros comenzaron el martes, un día después que salieran publicados en el Diario de Centro América los cuatro reglamentos que ponen en marcha la aplicación del seguro obligatorio para vehículos particulares.
Estas disposiciones abarcan a los propietarios de motocicletas, automóviles particulares, transporte urbano y de carga. Los seguros deben cubrir a ocupantes de vehículos y terceros.
La medida entraría en vigor 45 días después de su publicación, es decir, el jueves 1 de mayo.
Medios nacionales reportaban de intensas manifestaciones de buses extraurbanos, quienes habían tomado las calles frente al Palacio Nacional. Alrededor de 300 unidades participaban en el bloqueo.
Los manifestantes, en su mayoría conductores y empresarios del transporte, señalaban que las reformas propuestas afectarían sus operaciones y los ingresos de sus trabajadores.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial actualizó a las 16:04 (hora local) sobre la situación de bloqueos en diferentes rutas del país:
En Petén, la RD-PET-11 permanece cerrada en ambos sentidos desde Sayaxché. En Sacatepéquez, el km 32 de la RN-10, en La Choza, Santa Lucía Milpas Altas, está bloqueado.
En Jalapa, la RN-19 presenta interrupciones en San Antonio, Monjas. En Izabal, la CA-13 está afectada en múltiples puntos, como el Puente Machaquilá, Aldea Ciénagas y La Libertad, Río Dulce.
En Alta Verapaz, tramos como la RD-GUA-01 (ingreso a Villa Hermosa) y la RN-5 en San Pedro Carchá también están bloqueados, sumándose a interrupciones en la RD-AV-09 y la RN-7E, en áreas como Chisec, Xuctzul y aldea Xucul.
Abiertos al diálogo
El Gobierno de la República, presidido por Bernardo Arévalo de León, acordó iniciar este miércoles mesas de diálogo con actores que han manifestado su oposición a la medida, para atender sus preocupaciones y encontrar soluciones para garantizar el derecho de circulación de la población.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo en conferencia de prensa que, aunque se reconoce el derecho constitucional a la manifestación, los bloqueos que perjudican la libre circulación vehicular y afectan en gran medida la economía del país centroamericano.
“Estamos abiertos al diálogo, nuestra responsabilidad como gobierno es escucharlos, y lo vamos a hacer, pero hay maneras de hacerse escuchar que no tienen que ver con los bloqueos”, dijo el funcionario.
Jiménez aseguró que en las manifestaciones hay infiltración de grupos “que podríamos subrayar como delictivos que también están participando y están organizados”.
En la tarde, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala comenzó a utilizar la fuerza para desalojar a los vendedores que bloqueaban la 18 calle de la zona 1 en protesta contra el seguro obligatorio de tránsito.
Por su parte, las diferentes gremiales del sector privado han emitido comunicados donde expresan su preocupación. Según Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), cada día de bloqueos representa una pérdida de 330 millones de quetzales (USDGTQ), unos US$42.3 millones, de los cuales Q200 millones corresponden a la industria y Q130 millones a ventas no realizadas.
Además, los bloqueos han ocasionado la pérdida de 34.000 salarios mínimos por cada hora que se prolongan. Estas interrupciones también han afectado gravemente la distribución de alimentos, medicamentos y material médico quirúrgico, lo que agrava aún más la situación.
El bloqueo también ha interrumpido el acceso al Aeropuerto Internacional La Aurora, lo que ha afectado las operaciones aéreas. En respuesta, las aerolíneas han ofrecido a los pasajeros la opción de reprogramar sus vuelos sin costo adicional durante los próximos 30 días.
