Bloomberg Línea — Honduras, según el economista estadounidense Jeffrey Sachs, ha sido por más de un siglo víctima de una forma moderna de colonialismo, con empresas extranjeras que, respaldadas por gobiernos poderosos, operan por encima de las leyes locales.
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En una visita reciente al país, el analista de políticas públicas denunció la existencia de un sistema global de arbitraje que calificó como “un juego de extorsión” en perjuicio de los países del sur global.
Sachs, exasesor especial del secretario general Ban Ki-moon para los objetivos de desarrollo del Milenio, participó en el seminario “Recuperar la soberanía: Reimaginar la gobernanza de las inversiones para el desarrollo sostenible”, organizado por la Procuraduría General de la República de Honduras el 19 de agosto.
“Honduras necesita y quiere inversores extranjeros, pero no quiere invasores extranjeros. No quiere que nadie se apropie del territorio soberano ni de los derechos soberanos de este país. Por cierto, no es mucho pedir, y además es algo factible. Se trata de establecer un entendimiento claro y unos principios claros”, dijo el también profesor en la Universidad de Columbia y exdirector del Instituto de la Tierra.
¿Soberanía compartida?
La intervención de Sachs llega en un momento donde el debate sobre la soberanía no es meramente teórico. En junio, Bloomberg informó sobre cómo la startup californiana Bootstrap Bio, dedicada a la edición genética de embriones humanos, mencionó a Honduras como posible destino para realizar ensayos clínicos en 2026 o 2027, según declaró su director ejecutivo, Chase Denecke, en una entrevista publicada en YouTube.
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La tecnología, conocida como edición de la línea germinal, es considerada no probada y potencialmente peligrosa por científicos y especialistas en bioética. Sin embargo, la compañía estaría buscando operar en un lugar donde podría evitar las regulaciones estadounidenses.
A principios de este mes, NPR reportó que este tipo de tecnología podría probarse en lugares como Próspera, una ciudad chárter en Roatán, municipio insular de Honduras, con regulaciones más flexibles para las empresas involucradas en campos que van desde la criptomoneda hasta la biotecnología.
Un día después de la segunda toma de posesión de Donald Trump en Washington, el 21 de enero, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, anunció en X una nueva inversión en Próspera, y meses después, trascendió su interés en iniciar una empresa de edición de embriones.
La persistencia de este tipo de proyectos contrasta con las acciones del Gobierno hondureño para revertir la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico de Honduras, aprobada en 2013, y que dio origen a estas regiones administrativas especiales bajo regímenes fiscales y legales propios.
En 2022, el Congreso Nacional derogó dicha ley y, poco después, Próspera inició un arbitraje internacional contra el Estado por más de US$10.000 millones.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial especializado en disputas entre inversionistas y Estados, y se convirtió en el detonante para que Honduras anunciara su salida del organismo.
En agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que dio origen a las ZEDE, lo que desde la perspectiva del Gobierno de Xiomara Castro, ponía punto final a este experimento de soberanía compartida. Sin embargo, en febrero de 2025, un panel del CIADI rechazó el intento de Honduras de impedir el avance del proceso, argumentando que los inversionistas no habían agotado las vías legales nacionales.
El fallo descartó el requisito de admisibilidad planteado por Honduras. Así, aunque el país oficializó su retiro de la instancia en agosto de 2024, la demanda de Próspera sigue su curso.
Una partida de blackjack
En su intervención Sachs calificó el sistema internacional de arbitraje como “completamente roto”. “Es como ver una partida de blackjack para ver cuánto dinero le pueden sacar a Honduras”, ironizó.
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Sachs también denunció que los reclamos no se limitan a inversiones reales, sino a ganancias hipotéticas que, en muchos casos, nunca existieron. “Ni siquiera se ha iniciado la obra, y estos árbitros están otorgando miles de millones de dólares en indemnizaciones”, dijo, y citó el caso de Reko Diq, en Pakistán, donde un tribunal otorgó una compensación multimillonaria por un proyecto minero que nunca se desarrolló.
Refiriéndose específicamente al caso de Próspera, criticó los intentos de establecer jurisdicciones privadas en territorio nacional. “No puedes tener esta isla. No puedes tener soberanía aquí. Esto es parte de Honduras. Tienes que obedecer las leyes de Honduras”, afirmó, al rechazar la noción de soberanía empresarial.
A modo hipotético para remarcar su postura, Sachs fue tajante y dijo que le escribiría al presidente del Banco Mundial y al secretario general de la ONU para decirles que es inaceptable que sus instituciones acojan procesos que contradicen por completo los principios del desarrollo sostenible.
