Bloomberg Línea — Honduras corre el riesgo de ser catalogado como un paraíso fiscal si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria (LJT), actualmente estancada en el Congreso Nacional, advirtió el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
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Según un comunicado emitido este miércoles por la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), Honduras es uno de los cinco países en el mundo donde aún existen mecanismos como el secreto bancario y las acciones al portador, considerados por organismos internacionales como propiciadores de evasión fiscal.
La advertencia surge tras la visita técnica de Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), quien se reunió con autoridades hondureñas para revisar el cumplimiento de estándares internacionales en materia tributaria.
El Foro Global ya emitió en julio una serie de recomendaciones a Honduras, incluyendo la urgencia de aprobar una Ley de Beneficiario Final y la ratificación de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC).
Durante su intervención en el programa televisivo Frente a Frente (Televicentro), Manatta explicó que Honduras aún mantiene mecanismos legales que dificultan la transparencia fiscal, como las acciones al portador y un sistema débil de identificación del beneficiario final.
La especialista explicó que la legislación vigente no garantiza que las autoridades tributarias puedan conocer quiénes controlan o se benefician de ciertas estructuras jurídicas o compañías, lo que impide el cumplimiento de los estándares internacionales.
Uno de los principales vacíos es que la información sobre los beneficiarios finales depende actualmente de las normas contra el lavado de activos, que no abarcan a toda la población ni garantizan la trazabilidad necesaria para fines fiscales.
Además, aunque el SAR tiene acceso a información bancaria, “la forma como tiene acceso no le permite efectivamente en la práctica intercambiar esa información de una forma ágil”, advirtió Manatta. Esto retrasa o dificulta la cooperación con otras jurisdicciones.
Por su parte, la directora del SAR, Mariana Ríos, aseguró que todas las recomendaciones del Foro Global están ya contenidas dentro de la Ley de Justicia Tributaria que propone el Ejecutivo desde 2023.
Según explicó, la normativa incluye no solo la eliminación del secreto bancario y la Ley de Beneficiario Final, sino también la ratificación de la MAAC, el paso de un sistema de renta territorial a renta mundial, y la eliminación de las acciones al portador.
Ríos defendió que la aprobación del paquete legal es necesaria para que Honduras cumpla los estándares internacionales y pueda incorporarse plenamente a la red global de cooperación fiscal.
En criterio de la funcionaria, hay “ciertos grupos económicos muy reducidos” dentro del sector privado que detienen la aprobación de la LJT. “No quieren pagar impuestos, no quieren ser fiscalizados, no quieren ser controlados”, y también desmintió afirmaciones de sectores que han asegurado que la ley agravará las remesas familiares o hará pública la información tributaria. “Todos son mitos que se han levantado, para no ser controlados por la administración tributaria”.
Debate sobre la reforma
Desde el sector financiero, la directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras (AHIBA), María Lydia Solano, dijo que se reunirán con representantes del Foro Global para discutir a fondo el alcance de la reforma. Si bien reconoció la importancia de avanzar en transparencia, advirtió que el debate debe cuidar la protección de datos y no generar alarma en la población.
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“Aquí tenemos un sistema bancario que inmensamente robusto y es robusto porque las personas y las empresas confían en el sistema bancario hondureño, en su solvencia, en el resguardo de su información, en la administración de de sus datos para crecer cada día más”, dijo Solano.
Asimismo, reconoció la importancia de avanzar en transparencia fiscal, pero insistió en que no es necesario eliminar el secreto bancario de toda la población. A su juicio, la clave está en contar con tecnología que permita hacer análisis inteligentes de los movimientos financieros para detectar posibles evasores o actividades ilícitas, respetando siempre los marcos legales y la confidencialidad de los datos.
Por su parte, el contador público Walter Romero criticó la Ley de Justicia Tributaria y escribió en su cuenta de X que “en lugar de seguir endeudando al país y asfixiando la inversión con más leyes que lo único que harán es destruir empleos”, la solución está en reducir el gasto público, eliminar el clientelismo político y reorientar el presupuesto hacia áreas como salud, educación e infraestructura.
El Barómetro Electoral 2025, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en agosto, mostró que el 84,51% de los empresarios desconfía del proceso electoral del 30 de noviembre.
En cuanto a la Ley de Justicia Tributaria, el 92,90% critica la falta de diálogo previo a su propuesta y más del 71% cree que podría destruir empleos y afectar la competitividad.
