Ciudad de México — La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) condicionó la venta de 13 plantas eléctricas de Iberdrola al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una operación con un valor de US$6.000 millones.
Las condiciones impuestas por Cofece persiguen obligar a los compradores a operar las centrales eléctricas de manera independiente en el mercado y evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, precisó la autoridad en un comunicado.
“El cumplimiento de estas condiciones garantizará que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada”, precisó la autoridad que preside Andrea Marván Saltiel.
El expediente CNT-101-2023 de Cofece analizó el asunto de concentración que involucra a las empresas México Infrastructure Partners (MIP) FF SAPI de CV, al Fondo Nacional de Infraestructura —líderado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— Iberdrola Generación México SA de CV, Iberdrola Energía Altamira de Servicios SA de CV, Parques Ecológicos de México SA de CV y Otros.
La dependencia encargada de las finanzas públicas de México dijo en un comunicado que la operación deberá concluirse en los siguientes meses contados a partir de la autorización, la cual se otorgó martes 13 de febrero, como adelantó Bloomberg Línea.
Bloomberg Línea consultó a Hacienda si Fonadin y MIP aceptaron expresa e incondicionalmente las condiciones impuestar por Cofece para autorizar la operación, pero no obtuvo respuesta inmediata.
¿Cuáles son las condiciones que impone Cofece a Iberdrola?
A continuación, estas son las condiciones que impuso Cofece a Iberdrola, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y MIP:
- El Fonadin o sus partes vinculadas en la operación deberán reducir y mantener su inversión en un máximo de 51%, lo cual debe concretarse en un plazo de 24 meses.
- Designación de un administrador profesional independiente, que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado.
- Establecimiento de controles y mecanismos para que las decisiones relativas a la administración de las plantas de generación eléctrica únicamente puedan ser adoptadas mediante votaciones calificadas o con intervención obligatoria de inversionistas institucionales o miembros independientes.
- Establecimiento de controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés.
- Designación de un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación.
- Los directivos y personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor; sumado a que no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos 4 años.
Las condiciones tienen una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por la Cofece a través de diversos mecanismos establecidos en la resolución.
“Los compradores deberán aceptar de manera expresa e incondicional las condiciones establecidas por el Pleno de la Comisión para poder cerrar la Operación y, en caso de que incumplan las condiciones una vez aceptadas, se podrán imponer las sanciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica”, mencionó Cofece en el documento.
La operación multimillonaria contempla 12 centrales eléctricas de ciclo combinado y un parque eólico con una capacidad de 8.500 MegaWatts, equivalente al 80% de la generación de Iberdrola en México.
El Gobierno de AMLO diseñó una compleja estructura de financiamiento a través del Fondo Nacional de Infraestructura, banca de desarrollo y privada, además del lanzamiento del vehículo financiero Certificados de Capital de Desarrollo, conocido como CKD.
La empresa MIP se encargará de administrar los activos mientras que la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) operará las plantas eléctricas pero sin ser la dueña.
El acuerdo nació luego de años de disputas entre Iberdrola y el Gobierno mexicano por la supuesta venta ilegal de energía bajo el modelo de sociedades de autoabasto y una política de rescate de CFE.
Nota del editor: Esta historia se actualizó a lo largo del texto a las 17:34 horas, tiempo de la Ciudad de México
