Bloomberg — En tanto el sistema judicial mexicano entra en una nueva era tras la primera elección de jueces en la historia del país, el nuevo presidente de la Suprema Corte afirma que una de sus prioridades será garantizar la imparcialidad en todos los ámbitos, incluido el cálculo de los impuestos que deben pagar las empresas.
Hugo Aguilar Ortiz, defensor de los derechos indígenas que presidirá el máximo tribunal tras obtener la mayoría de votos en las elecciones, se compromete a acercar a los jueces a los ciudadanos de a pie y a los grupos marginados, y a alejarse de un sistema en el que, según él, la justicia es un privilegio de unos pocos.
Entre los primeros casos que se revisarán cuando el tribunal entre en funciones el 1 de septiembre se encuentra uno muy controvertido sobre si ciertos grupos empresariales, entre ellos el Grupo Elektra, del multimillonario Ricardo Salinas, deben impuestos atrasados.
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En una entrevista, Aguilar afirmó que las facturas fiscales deben implicar una “aplicación estricta de la norma”.
“Tengo que ver el expediente”, dijo al ser preguntado por el caso de Elektra. “Pero yo creo que hay una buena porción de casos que es aplicación de la norma, punto.”
Añadió que este tipo de diputas son de carácter matemático, a diferencia de casos más complejos de derechos humanos.
Aunque declinó hablar de casos concretos, afirmó que este tipo de casos no deberían ser difíciles de resolver, ya que, en esencia, se refieren a la aplicación de una norma técnica de carácter matemático.
“Dos más dos son cuatro, es muy técnico,” dijo en una entrevista en su oficina de la Ciudad de México. “No hay mucho margen para para valorar o tener una opinión subjetiva”.
Sin nombrar directamente al conglomerado de Salinas, el Gobierno mexicano ha señalado una deuda de 74.000 millones de pesos (US$4.000 millones) en impuestos. Salinas ha negado repetidamente haber cometido irregularidades y ha afirmado que se le ha cobrado por duplicado.
El caso ha recibido mucha atención de los medios locales, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se paguen los impuestos. Pero algunos han argumentado que los casos no son tan claros.
“Si bien es cierto quepagar las contribuciones es una obligación de todos los ciudadanos, eso no quiere decir que no haya derechos fundamentales involucrados”, afirmó María Emilia Molina, magistrada de circuito y Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
También señaló otra posible complicación.
“Existe el riesgo de que utilicen estándares diferentes dependiendo de si las empresas son amigas del gobierno o no”.
Los tribunales mexicanos dejaron de trabajar con normalidad en abril, cuando comenzó el proceso de elección de jueces, y desde entonces solo se han admitido casos considerados urgentes. Aguilar señaló que, en el pasado, los abogados y las autoridades solían confabularse para retrasar la resolución de casos como este, pero señaló que los requisitos de la reciente reforma judicial del Congreso, que establece que los casos deben resolverse en un plazo de seis meses.
Aguilar añadió que uno de los principales retos a los que se enfrenta el nuevo tribunal será resolver el gran volumen de casos que se acumularon durante la pausa. Afirmó que son de su especial interés los casos relacionados con territorios de grupos indígenas, el acceso a los recursos naturales y las víctimas de casos penales.
Vínculos políticos
En la austera oficina de Aguilar destacan dos obras de arte: una escultura y un cuadro de Benito Juárez, el presidente mexicano del siglo XIX de ascendencia zapoteca que luchó contra la intervención francesa. Aguilar lo ha descrito como una inspiración. El nuevo ministro afirmó que su objetivo es reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y luchar por sus derechos territoriales, al igual que hizo Juárez, quien también presidió el tribunal supremo.
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“Podría yo contar con los dedos de la mano los casos en donde se falló a favor de los pueblos”, afirmó.
Aguilar fue elegido el 2 de junio en unas elecciones nacionales en las que se seleccionaron los nueve miembros del tribunal, así como cientos de otros juristas de todo el país. Las históricas elecciones tuvieron una participación de poco menos del 13%.
El tribunal superior cuenta con una clara mayoría de ministros con vínculos directos con el expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, artífice de la reforma judicial, o con el partido gobernante Morena, fundado por él. El nuevo tribunal incluirá a tres ministros nombrados por López Obrador. Otros tres, como Aguilar, trabajaron para él en el pasado o ocuparon cargos relacionados con Morena.
Originario de un pequeño pueblo del estado sureño de Oaxaca, Aguilar obtuvo títulos en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y se desempeñó como subsecretario de Derechos Indígenas en su estado natal. También ocupó el cargo más alto en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nombrado durante el gobierno de López Obrador, donde participó de consultas públicas para proyectos de infraestructura, incluidas importantes rutas ferroviarias criticadas por su daño ambiental y su planificación apresurada. No ha trabajado anteriormente en el poder judicial.
El nuevo ministro afirmó que, a pesar de haber formado parte del Gobierno de López Obrador, sus vínculos con la administración siempre han sido técnicos y no políticos, y que sus decisiones serán independientes. Añadió que, hasta el momento, no ha recibido ninguna llamada con peticiones de Sheinbaum.
“Mantuve una relación con el expresidente, con la presidenta, pero no hay una relación política”, dijo, y destacó que su relación con las autoridades se centró en “reportes, convencimiento y argumentos”, especialmente en relación con un proceso de restitución de tierras a comunidades indígenas.
Una de las críticas al proceso de elecciones para elegir a los jueces subrayó el riesgo de que algunos grupos intentaran influir en los candidatos durante la campaña. Aguilar afirmó que, en su propia experiencia electoral, dos personas se le acercaron para ofrecerle votos a cambio de que se comprometiera a adoptar opiniones concretas sobre determinados temas, pero él los rechazó.
“Yo les dije, ‘prefiero que no voten por mí, pero yo no quiero llegar a la corte amarrado’”.
Aguilar reconoció que el instituto electoral debe trabajar para promover una mayor participación en 2027, cuando se renovarán muchos cargos judiciales, excepto los de la máxima instancia.
Visión del tribunal
Entre los temas sobre los que probablemente tendrá que pronunciarse el nuevo tribunal se encuentra el de la prisión preventiva, que se amplió durante el gobierno de López Obrador para aplicarse a más delitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de México por esta medida y ordenó al gobierno que eliminara esta figura de su Constitución para cumplir con el derecho internacional.
Aunque Aguilar no puede aún opinar sobre el tema, ya que el caso está pendiente, hizo hincapié en los derechos humanos al expresar su opinión al respecto.
“Está involucrado que personas que cometieron un delito, pues prevalezca la presunción de inocencia y prevalezca que pueda enfrentarse al proceso en libertad”, dijo.
“Ahorita está muy complejo tener el máximo goce de los derechos humanos”, añadió. “Tendremos que trabajar para que haya esas condiciones”.
Aguilar es conocido por llevar camisas con bordados tradicionales oaxaqueños en lugar de traje. Tras ganar las elecciones, generó polémica al descartar el uso de la toga negra que suelen llevar los magistrados en los tribunales y anunciar que, en su lugar, vestiría el atuendo de su comunidad indígena.
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Su decisión suscitó críticas en Internet, pero recibió una enérgica defensa por parte de Sheinbaum, quien a menudo celebra las culturas indígenas de México.
Unas semanas después de esas declaraciones iniciales, pareció suavizar su postura y destacó que su principal objetivo es enfatizar su herencia indígena mixteca.
“Voy a hablar mi lengua”, dijo. “Si voy a usar la toga, le voy a poner un distintivo para que se note que soy yo, que hay un indígena ahí”.
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