Ciudad de México — GBM realizó movimientos al Consejo de Administración de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), la empresa conocida como Aguakan, en medio del conflicto legal que el operador mantiene con el Gobierno de Quintana Roo por la concesión de servicios de agua potable y alcantarillado.
El conglomerado de correduría e inversión, que en sociedad Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) controla al operador de agua, decidió que su presidente Diego José Ramos de Castilla y su consejero suplente Enrique Rojas Blásquez dejaran sus asientos como miembros propietarios del máximo órgano directivo de Aguakan, según los acuerdos de asamblea publicados en la Bolsa Mexicana de Valores.
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La decisión, respaldada por la asamblea, compromete a Aguakan a “sacarlos en paz y salvo de cualquier acción o reclamo legal” con motivo de sus actos como consejeros, una prerrogativa común en este tipo de movimientos.
GBM, que tiene el derecho de nombrar a dos de los cuatros miembros del Consejo de Administración, propuso a los abogados Laura Gabriela Tepox y a José Luis Delgado, quienes fueron ratificados por la asamblea para asumir ese asiento.
Los cambios se dan en medio del conflicto entre Aguakan y el estado de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, por una ampliación de la concesión realizada en 2014, que el gobierno considera se hizo de manera irregular y que decidió revocar.
Este movimiento otorgó a Aguakan la concesión de los servicios hasta 2053 y la inclusión del servicio de agua en el municipio de Solidaridad, donde están ubicadas localidades como Tulum.
El conflicto derivó en que las autoridades estatales interpusieran una denuncia penal en contra de DHC, algunos de sus funcionarios y consejeros, así como de ex funcionarios del propio Gobierno del Estado.
Al respecto, Aguakán señaló ser objeto de un hostigamiento jurídico.
“Todas las acciones relacionadas al nuevo contrato se realizaron de manera transparente y conforme a la ley”, señaló la compañía en un comunicado en febrero.
La empresa fue notificada en abril de una decisión judicial negativa, en la que un juez decidió sobreseer --cesar- un juicio iniciado por la empresa en 2023 y negar el amparo definitivo que buscaba frenar una decisión legislativa del Congreso de Quintana Roo que busca echar por tierra la ampliación del término de la concesión a 2053.
La empresa dijo que interpondrá un recurso de revisión que tendrá por objeto revertir la sentencia y no descartó que el proceso pudiera escalar a la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no atrajo el caso y fue devuelto a un Tribunal de Distrito.
“Había ganado el gobierno del estado un amparo muy importante”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 6 de mayo.
“Ahora que regresó, más allá de la opinión de la Corte —que hubiera sido bueno que ya hubieran tomado una decisión— que este Juzgado de Distrito pueda revisar bien el caso y poner por encima de todo: lo público y el bien de la gente y el agua como derecho humano“, dijo la mandataria.
