Ciudad de México — La elección judicial suigéneris que experimentará México, a un año de que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia, pone en juego la certeza jurídica para los inversionistas y los contrapesos al poder político, en medio de una economía en franca desaceleración y atada al vaivén arancelario de Donald Trump.
Candidatos que fueron seleccionados por tómbola; acordeones que sugieren votar por candidatos que simpatizan con Morena, pero que son desconocidos por la ciudadanía; candidatos catalogados por organizaciones civiles como riesgosos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y una presidenta invitando a votar desde Palacio Nacional, hacen de esta elección un proceso suigéneris.
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El 1 de junio de 2025 se llevará a cabo una elección inédita en el país que se desprende de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el día de su último Grito de Independencia en el zócalo capitalino.
Los ciudadanos elegirán a través del voto popular 881 cargos de entre 3.396 candidaturas, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces del Poder Judicial. Otro tanto de juzgadores se elegirán en 2027 en un proceso que de nuevo será organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Juan Pablo Gómez Fierro -el magistrado que frenó la reforma energética de AMLO y renunció a participar en la elección judicial- dijo que no tiene duda de que la reforma judicial busca que el régimen actual controle el Poder Judicial con juzgadores afines al proyecto político del Gobierno.
“Por naturaleza la función del Poder Judicial es hacer un contrapeso a los otros dos poderes, es poner límites. La iniciativa de reforma perjudicial lo que busca es precisamente remover estos obstáculos para la toma de decisiones, es decir, eliminar los controles al poder público”
Juan Pablo Gómez Fierro, exmagistrado del Poder Judicial y socio en Perez de Acha Ibarra de Rueda
Pero Sheinbaum no hace eco de las críticas a la elección judicial y en la conferencia matutina de este viernes 30 de mayo llamó a los ciudadanos a participar en la elección dominical.
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Focos amarillos sobre la elección judicial
Las agencias calificadoras y los mercados mantienen en amarillo su semáforo a la espera de ver los efectos de la elección judicial sobre la confianza de los inversionistas, al tiempo que permanecen vigilantes de la economía mexicana que apunta a un estancamiento económico hacia cierre de 2025.
Sheinbaum lanzó el Plan México a la par del inicio de la segunda administración de Trump, con el cual busca mejorar las perspectivas de crecimiento del país. La cúpula empresarial acompañó a la presidenta a la presentación del plan que proyecta un portafolio de inversión de US$277.000 millones.
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Sin embargo, Fitch Ratings consideró en abril que no está claro si el sector privado acepta del todo el Plan México dadas las preocupaciones agravadas del sector empresarial por la reforma al Poder Judicial y la reforma constitucional que ordenó eliminar los organismos reguladores autónomos.
Gómez Fierro afirmó en entrevista con Bloomberg Línea que, si se asume el control del Poder Judicial, difícilmente una decisión tomada por el Gobierno podría ser declarada inconstitucional por los jueces que serán electos por un voto corporativo.
“Esto tendrá repercusiones económicas. Genera una falta de certeza en el sector empresarial, porque no se sabe con certeza cuáles son las reglas con base en las cuales va a operar el sistema de justicia”
Juan Pablo Gómez Fierro, exmagistrado del Poder Judicial y socio en Perez de Acha Ibarra de Rueda
La falta de certeza jurídica también podría representar un alto costo de los productos y servicios porque la ausencia de reglas claras obligará a las empresas a tener que invertir más recursos para poder desahogar los temas propios de su funcionamiento, apuntó Gómez Fierro.
México se suma a Bolivia en la implementación del voto popular para elegir a juzgadores, si bien en el país sudamericano se eligen solo altos cargos judiciales. Estados Unidos también elige a algunos jueces estatales, pero a los integrantes de la Corte Suprema y todos los jueces federales son nominados por el presidente.
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Directivos del sector comercio entrevistados por Banco de México (Banxico) mencionaron que el cambio de Gobierno y la reforma judicial detuvieron proyectos de inversión privada en la región centro del país, lo que redujo la demanda de maquinaria y equipo, refacciones e insumos para la edificación pública y privada.
En el sector de servicios, los contactos empresariales de Banxico dijeron que los cambios en el Poder Judicial fueron una de las limitantes para la inversión, ya que ante la incertidumbre se aplazaron proyectos.
Moody’s Ratings señaló que la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos amplifica los riesgos internos para la inversión asociados por la reforma judicial, mientras que S&P Global consideró que México podría sufrir una rebaja en su calificación si se debilita la confianza de los inversores.
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El origen de la reforma judicial y los riesgos tras la elección
AMLO no era partidario de los contrapesos al poder presidencial. Antes de abandonar Palacio Nacional, el líder y fundador de Morena, promulgó la reforma constitucional en materia judicial y heredó la implementación a su discípula Sheinbaum.
López Obrador se planteó una agenda reformista para llevar a cabo promesas de campaña, pero para afianzar los cambios y asegurarse de que sus políticas permanecerían más allá de su sexenio, propuso cambios a la Constitución. Fue entonces cuando se topó con la Suprema Corte y el aparato del Poder Judicial.
La reforma judicial tuvo su origen en la reforma a la Ley Eléctrica, que AMLO consideraba clave en su idea de recobrar la soberanía energética. Gómez Fierro otorgó amparos para bloquear el avance de esa reforma a empresas privadas en marzo de 2021.
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AMLO pidió a Arturo Zaldívar, quien en ese momento era presidente de la Corte y que hoy forma parte del equipo de primera línea en la Presidencia, investigar la actuación del magistrado especializado en competencia económica.
Esto solo fue el detonante de un Plan C que encargaría a Sheinbaum y que implicaba que Morena ganara “carro completo” en la elección del pasado 2 de junio de 2024 para que el Congreso tuviera mayoría calificada y aprobara con la mano en la cintura todas las reformas constitucionales, siendo la reforma judicial la primera.
Cuatro años después, la reforma energética de AMLO es un hecho y Sheinbaum la promulgó de la mano de la supermayoría de Morena, el partido que terminó de arrebatar en 2024 al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la hegemonía en México.
Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados, dijo que la reforma judicial se originó por la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que disgustó a AMLO y desde ahí se empezó a tejer una reforma que pone en duda la independencia judicial tras la elección.
“Lo más preocupante en términos económicos es la falta de certeza, la falta de seguridad jurídica para los inversionistas cuando decidan cuestionar alguna política de Gobierno y en donde no tendremos imparcialidad de los juzgadores porque van a van a deberse a quienes los apoyaron con sus votos”
Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados
Lobato, quien también es miembro del Colegio de Abogados de México, dijo a Bloomberg Línea que no descarta que los jueces, magistrados y ministros electos se conviertan en aliados del Gobierno para recuperar adeudos fiscales de grandes contribuyentes en litigio, en momentos en los que el Gobierno necesita allegarse de ingresos.
Recordó que la reforma judicial modificó el Artículo 17 de la Constitución que establece que los juicios fiscales no podrán durar en su resolución más de seis meses, un periodo que podría ser limitado en asuntos fiscales complejos. De no cumplir dicho plazo, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sancionará a los juzgadores.
“Hay una falta de certeza para los inversionistas cuando decidan cuestionar alguna política pública y el hecho de que los asuntos fiscales no vayan a durar más de 6 meses pues pareciera ser que va encaminado a presionar a los jueces para que resuelvan rápido y resuelvan a favor del Gobierno”
Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados
Legisladores de oposición como Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional (PAN), calificaron la reforma judicial como una “venganza política” de AMLO contra la Suprema Corte que, presidida por Norma Piña, declaró en abril de 2023 inconstitucional que el Ejército tomara el control de la Guardia Nacional.
López Obrador solo tuvo que esperar unos meses para la revancha. En septiembre de 2024 la supermayoría de Morena aprobó esa reforma constitucional, lo que permitió a AMLO promulgar en el último día de su sexenio, el 30 septiembre, la reforma que dio mando militar a un cuerpo civil como lo es la Guardia Nacional.
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El impacto de la reforma judicial será en el largo plazo
Como candidata y presidenta, Sheinbaum ha defendido innumerables ocasiones la reforma judicial que le heredó AMLO y la misma cantidad de veces también ha negado que la elección judicial sea un motivo de preocupación para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?, dijo a Bloomberg Línea que la elección del Poder Judicial traerá una incertidumbre ligada a no saber las consecuencias de no tener jueces especializados en materia económica, de desconocer el estatus de los expedientes en trámite y de la falta de impartición de justicia.
La directiva del think tank mexicano consideró que el daño al Poder Judicial “va a tomar mucho tiempo en revertirse”, pero confió en que con el tiempo los capitales podrían “acomodarse” al sistema judicial que resulte electo y vaticinó que la relación comercial con Estados Unidos continuará.
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Marcelo Ebrard, secretario de Economía y otrora contrincante de Sheinbaum en la candidatura presidencial, declaró que la reforma judicial “no ha sido un tema” en las conversaciones con sus contrapartes comerciales de Estados Unidos para negociar reducciones a los aranceles al acero, aluminio e industria automotriz.
Además, sostiene que México registra niveles récord de inversión extranjera para un primer trimestre con la llegada US$21.400 millones de enero a marzo de 2025, lo que en su opinión refleja la confianza de los empresarios.
Ramírez anotó que el dato de inversión extranjera puede contener capital de inversiones pensadas antes de la coyuntura económica actual, por ejemplo, cuando inició la ola del nearshoring.
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Añadió que las empresas no cambian el plan de una fábrica solo porque llega un nuevo presidente, pero sí pueden frenar o reevaluar esa inversión, además, subrayó que la inversión fija bruta es la más importante para la economía mexicana. Esta inversión ha venido cayendo desde julio de 2024.
“Lo que vamos a ver es que muchas inversiones se van a quedar registradas en la Secretaría de Economía y tardarán en traducirse en producción y en empleos, vamos a tener menor dinamismo a pesar de que la inversión esté anunciada”
Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?
Gómez Fierro y Lobato coincidieron en que los efectos de la reforma judicial en la confianza de los inversionistas no se notarán de un día a otro, sino que el impacto será hacia el mediano y largo plazos.
“No es una cuestión que pase de un día para otro, va a ser una pérdida progresiva de libertades y de certeza jurídica”, afirmó Gómez Fierro. “Estamos hablando de años cuando los inversionistas se den cuenta de si las resoluciones son imparciales y valoren si se quedarán en México”, sostuvo Lobato.
Los jueces, magistrados y ministros de la Corte que resulten electos tomarán posesión del cargo el 1 de septiembre de 2025, justo el día en que Sheinbaum rendirá su Primer Informe de Gobierno y el Congreso inicie un nuevo periodo de sesiones.
