Ciudad de México — La reforma al Poder Judicial, aprobada recientemente por el Congreso, amenaza con socavar la calidad crediticia de México (Baa2, estable), advirtió la agencia Moody’s.
“La reforma judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal”, señaló la calificadora de riesgo crediticio en un reporte difundido horas después de la votación final en el Senado mexicano.
Los cambios a la Constitución mexicana, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consisten en una nueva integración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección popular de jueves, magistrados y ministros, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal disciplinario independiente, además de nuevas reglas procesales.
La evaluación institucional de Moody’s sobre México, particularmente el control de corrupción y estado de derecho, ha sido más débil que la de otros países con calificaciones similares. Por ejemplo, el indicador de estabilidad política oscila en percentil de 18,7, mientras que el promedio de calificaciones Baa es de 53,9. Otro botón de muestra es el Estado de derecho de México con un percentil de 12,9 frente a un promedio de 53,2.
Moody’s señaló que el todavía vigente poder judicial ha evitado que el presidente se extralimite en los últimos años tras bloquear cambios legales “radicales” que la administración de AMLO, como se conoce al mandatario mexicano, propuso en el sector energético que reducían la participación privada.
Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos, agregó la agencia.
“Un shock de confianza prolongado también frenaría la inversión privada, lo que limitaría los beneficios del nearshoring y reduciría el crecimiento después de 2025 al promedio a largo plazo del 2%, en lugar del 3% con el beneficio de nuevas inversiones”.
Por sectores, Moody’s señaló que el impacto sería alto para la calificación de México y por sectores, las empresas y energía e infraestructura tendrían un golpe moderado, mientras que para los bancos sería bajo.
La reforma judicial, agregó Moody’s, también enfrenta el riesgo de ser impugnada por Estados Unidos (Aaa,negativa) y Canadá (Aaa estable) sobre el cumplimiento del acuerdo comercial norteamericano conocido como T-MEC y que provocarían una “polémica” revisión del mismo en 2026.
“Los embajadores de Canadá y EE.UU. en México ya han expresado su preocupación por los cambios y afirmaron que estas modificaciones podrían afectar la certeza, la transparencia y el profesionalismo en el manejo de los asuntos judiciales”, dijo.
El 27 de agosto, AMLO pausó la relación diplomática con el embajador estadounidense Ken Salazar tras expresar sus preocupaciones sobre la reforma judicial y su posible impacto a las inversiones privadas de su país.
Moody’s también habló sobre la incertidumbre jurídica, la cual probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones del Gobierno y grandes inversiones, señaló
“La incertidumbre prolongada del mercado que lleva a la depreciación del peso mexicano también perjudicaría los indicadores crediticios de las empresas que calculan los costos en dólares estadounidenses, pero generan ingresos en pesos, o de aquellas con poca diversificación fuera de México”, añadió.
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