Ciudad de México — La reciente reforma al Poder Judicial y la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo generan incertidumbre a los inversionistas internacionales que buscan aliarse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, advirtió Diego González, analista de Moody’s, en el marco de un foro organizado por la calificadora.
“Eso sí empieza a meter incertidumbre a inversionistas internacionales que buscan invertir en el país en activos y en un sector que por naturaleza es de muy largo plazo”, dijo González durante su participación en Inside Latam: México 2025 realizado en la Ciudad de México.
CFE prevé inversiones en el sector eléctrico en el orden de US$30.000 millones mayoritariamente en generación de energía, pero también en redes eléctricas. Las autoridades gubernamentales estiman de US$6.000 hasta US$9.000 millones de inversiones del sector privado en generación, luego de un distanciamiento que duró todo el sexenio pasado.
Moody’s estima que México necesitará duplicar la capacidad instalada de generación eléctrica para cubrir la demanda de energía en los siguientes 15 años.
El analista de la agencia calificadora dijo que el Gobierno actual mostró un cambio de dirección para cerrar las brechas de inversión junto al sector privado a través de los nuevos esquemas de participación privada, y agregó que los fundamentales para la inversión están presentes.
“Es muy positivo cuando lo comparamos con la administración pasada”.
Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de CFE, dijo que para ver anuncios de inversión de la empresa eléctrica con el sector privado en los tres modelos existentes, definidos por la Secretaría de Energía, hace falta que se publiquen los reglamentos y lineamientos de la legislación secundaria en materia energética.
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México oficializó en marzo un paquete de leyes energéticas, sin embargo, aún no han publicado los reglamentos previstos para la primera mitad de septiembre de este año.
“Falta aterrizar los reglamentos, los lineamientos que nos van a marcar el proceso de hacer una selección vía un proceso competitivo para contar con contrapartes con las que podamos desarrollar estos proyectos”, dijo el representante de la compañía estatal.
Bloomberg Línea consultó a la Secretaría de Energía y CFE sobre el tema, pero no obtuvo respuesta inmediata.
El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en una batalla judicial con el sector privado por cambios administrativos y legales en materia eléctrica que culminaron con una reforma a la Constitución mexicana en materia judicial y energética que favorecen a los gigantes estatales CFE y Pemex.
México reformó este año al Poder Judicial estableciendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para cambiar la Ley de Amparo, una de las principales protecciones jurídicas de ciudadanos contra abusos de las autoridades, porque considera que se ha utilizado para ir en contra del interés público.
