Ciudad de México — La reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acaparado la atención sobre sus posibles efectos en el comercio y la inversión, pero existe otra iniciativa de cambio constitucional, que de acuerdo con representantes de organizaciones vinculadas al sector privado, podría inhibir la inversión atraída por el nearshoring.
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Se trata de los cambios a la Constitución que buscan dar preferencia al uso del agua para consumo personal y el uso doméstico, y prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en zonas de escasez, de baja disponibilidad y cantidad.
La iniciativa, como está actualmente redactada, afectaría inversiones enfocadas al norte y centro del país, territorios que tienen una baja disponibilidad del agua, pero una alta vocación industrial, dijo José Ramón Ardavín, director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), durante una conferencia impartida en el marco de la exposición Aquatech México.
“Es un suicidio porque no podría haber nuevas industrias en el norte del país”, dijo Ardavín, quien hizo un llamado a los legisladores y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum a revisar la iniciativa.
La propuesta sobre el agua implica cambios a los artículos 4 y 27 de la Constitución, que tienen una alta probabilidad de aprobarse luego de los resultados electorales del pasado 2 de junio, que dieron a Morena, el partido de AMLO, y sus aliados, la mayoría en el Congreso.
Para poder concretarse, una reforma constitucional requiere la aprobación de las Cámaras de Diputados y Senadores, con el voto de las dos terceras partes. Las modificaciones requieren también de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas del país.
El directivo de Cespedes, un organismo adscrito al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó preocupaciones sobre el establecimiento de características técnicas, como lo es la calidad y la disponibilidad, en la Constitución.
La inquietud fue compartida por el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, quien durante el mismo evento señaló una contradicción entre la iniciativa de AMLO y el impulso que planea el próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum al nearshoring.
“Cómo se van a instalar (las empresas) si no tienen la certeza jurídica del agua”, dijo Rodríguez.
Rodríguez señaló que de aprobarse, complicaría el trabajo de la empresaria Altagracia Gómez, quien será coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de la primera presidenta de México.
“Qué va a hacer Altagracia Gómez, que va a hacer la titular del Consejo de promoción del nearshoring, si de entrada le van a poner una prohibición para tener agua a esas nuevas empresas”.
Reuso: una solución para la industria
Por otro lado, el director general Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, señaló que cuando un acuífero no tiene disponibilidad, no se le da agua, ni a la industria, ni tampoco a los organismos operadores, que prestan los servicios de agua potable.
“Es un poco redundante, eso no quiere decir que la industria se va a quedar sin agua”, dijo Barragán en entrevista a Bloomberg Línea.
El funcionario señaló que el agua de uso doméstico que se descarga se puede reusar por la industria, pero lo que se necesitan son inversiones adecuadas en tratamiento que pueden llevar al agua a alcanzar una calidad casi potable.
“La solución la veo mucho más en el tema del reuso, que en el tema de estarnos peleándonos por el acuífero que realmente ya está muy agotado en prácticamente todo México”, dijo el director del organismo del estado de Nuevo León.
