Ciudad de México — Las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras son un movimiento político además de financiero y podrían ser utilizadas por el presidente Donald Trump para negociar con México en la revisión del tratado comercial T-MEC, consideró HR Ratings.
Felix Boni, director general de Análisis Económico en la agencia calificadora, mencionó que las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense parecen indicar que Trump quiere involucrarse un poco más en la lucha contra los cárteles de la droga y la relación entre México y China.
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“No es únicamente un movimiento financiero, también es una actuación o un movimiento político para presionar México para conseguir lo que quiere Trump de México en términos de control de criminalidad y especialmente en términos de modificaciones de las relaciones comerciales”, dijo durante un evento virtual organizado por HR Ratings.
El Departamento del Tesoro emitió órdenes contra los bancos CIBanco e Intercam, así como la casa de bolsa Vector el 25 de junio identificándolas como preocupación en materia de lavado de dinero vinculada con el tráfico ilícito de opioides y prohibiendo ciertas transacciones de instituciones financieras en Estados Unidos que involucren a las entidades señaladas.
Aunque las tres entidades han rechazado los señalamientos, las medidas impuestas motivaron la intervención administrativa por parte de las autoridades mexicanas, que algunos clientes comiencen a retirar recursos y empresas con las que tienen contratos o alianzas rompan vínculos con los bancos y la casa de bolsa.
HR Ratings, Fitch y S&P recortaron las calificaciones de las entidades involucradas como resultado de las órdenes del Tesoro y la intervención de las autoridades.
Ricardo Gallegos, director general adjunto de Análisis Económico en la calificadora, mencionó que en términos generales anticipan un impacto acotado en el sistema financiero por el tamaño de las instituciones involucradas.
La calificadora, que evalúa a Intercam y CIBanco, señaló que seguirá monitoreando la situación y que vigilará particularmente lo que ocurra con empresas, bancos y financieras no bancarias con cuentas en las instituciones intervenidas, asó como los instrumentos estructurados, fibras y fondos de inversión que administran los bancos acusados.
