Bloomberg Línea — Han pasado dos meses desde que Donald Trump ordenó congelar los recursos de ayuda exterior, incluyendo los canalizados mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y mientras que grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) están cerrando sus operaciones, otras, más pequeñas y de carácter local, se niegan a dejar de funcionar, aun cuando la preocupación por la falta de recursos es enorme.
Organizaciones de México, Ecuador, Perú y Colombia contaron a Bloomberg Línea cómo se mantienen en pie de lucha, pese a no contar con recursos provenientes de Estados Unidos y la manera intempestiva como Trump los suspendió, en lugar de hacerlo tras previa evaluación.
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Jordy Meléndez, codirector de Factual / Distintas Latitudes, una organización mexicana dedicada a crear redes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe, comentó que se han visto obligados a reducir su personal y el sueldo que devengaban, debido al boquete financiero del 45% que dejó la suspensión de rubros provenientes de Estados Unidos. Si antes tenían personas trabajando a término fijo, ahora las están contratando por proyectos, por ejemplo.
“Pero al mismo tiempo, están aflorando nuevos proyectos y servicios de comunicación con empresas, universidades y otras organizaciones que abren un camino para enfrentar esta situación”, dijo Meléndez.
Pese lo sucedido, sus proyectos bandera: la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, que actualmente va en su novena generación, y el Festival LATAM de Medios Digitales, que este año celebrará su décimocuarta edición, siguen vigentes.
“Personas a título individual, pero también organizaciones e instituciones aliadas, han estado dispuestas a respaldar, incluso financieramente, nuestro trabajo”, dijo Meléndez. “Cada pequeña pieza de apoyo nos ayuda a armar un puzzle. Necesitamos encontrar muchas más pequeñas piezas, pero estamos convencidos de que vamos por el camino correcto”.
Danilo Manzano, director ejecutivo Diálogo Diverso, una organización ecuatoriana defensora de los derechos de la población LGBTIQ+, contó que más allá de desesperación en la búsqueda de recursos para mantenerse a flote y la posibilidad de que otros países cooperantes sigan los pasos de Estados Unidos, ha lidiado con la situación.
“En un comienzo, tuvimos que suspender las actividades con los proyectos que eran financiados por Estados Unidos. Cerramos nuestras oficinas de Guayaquil y Tulcán, en la frontera con Colombia”, dijo Manzano. “Además, reducimos el equipo en Cuenca y también recibimos un impacto fuerte en Quito”.
Pero, tras el mazazo inicial, Diálogo Diverso accedió a un fondo emergente a través de una organización dedicada a la filantropía y recuperó a su equipo de trabajo, sólo que no en su totalidad y tampoco bajo las mismas condiciones económicas. No obstante, en medio de la situación actual, es alentador.
“Seguimos operando nuestro programa de asistencia a población LGBTIQ+ migrante y ecuatoriana, con los servicios de atención legal, médica y psicológica vigentes”, dijo Manzano. “Y estamos preparando nuestra línea programática para alcanzar la autogestión y sostenibilidad organizacional”.
Ómar Awapada, secretario general de Transparencia Perú, una asociación civil que trabaja por la calidad de la democracia, contó el año pasado culminaron un proyecto de inversión pública transparente y un programa para fomentar la participación ciudadana con recursos de USAID, administrados por Chemonics e IDEA internacional, respectivamente.
Y, aunque en este momento no tienen proyectos financiados con recursos de Estados Unidos, contaban con dos iniciativas preaprobadas de cara a las elecciones presidenciales de Perú en 2026.
“Una de ellas es para conducir la observación internacional de las elecciones, como hemos hecho hace 30 años”, dijo. “A nosotros lo que nos queda es buscar cuentas de financiamiento alternativo, nada más”.
Las ONG de peruanas también pasan por un mal momento debido a una ley recién aprobada que busca regular su funcionamiento, si bien, en la práctica, “va a someter a un control arbitrario y a una mordaza el rol que cumple la sociedad civil organizada”, comentó Awapada.
“Cooperación de EE.UU. es una forma de mitigar el daño”: Afrodes
En Colombia, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), que desde hace 25 años atiende a quienes han tenido que huir del conflicto armado y desde hace 15 años ha mantenido contacto estrecho con USAID, tuvo que despedir a todo su personal y cerrar su sede administrativa en Bogotá.
Con el congelamiento de los recursos de Estados Unidos, no solo quedaron en vilo la creación de bancos de semillas para promover la soberanía alimentaria, sino programas de fortalecimiento organizativo e iniciativas de emprendimiento tanto en el Caribe como en el Pacífico, incluso en la capital colombiana.
Entre los emprendimientos sobresalen: restaurantes de comida típica administrados por familias en situación de desplazamiento, salones de estética, grupos musicales y otros tantos.
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Más allá del trago amargo que está pasando, el director de Afrodes, Mariano Córdoba, fue enfático en decir que la “cooperación no es una caridad, sino una reparación, una forma de mitigar un daño colateral que causaron en los grupos étnicos afro-indígenas las decisiones equivocadas en la lucha contra las drogas, como las fumigaciones aéreas sobre los cultivos ilícitos, apoyada por Estados Unidos mediante el Plan Colombia”.
Gracias a que líderes como Córdoba brindaron testimonio de las afecciones en el Congreso de Estados Unidos, el legislativo y particularmente el Black Caucus apoyó un presupuesto específico de cooperación internacional para las comunidades afrodescendientes, extraído de los recursos para el Plan Colombia, con el objetivo de sopesar los daños colaterales en las comunidades.
“Pero además es importante resaltar que gracias a USAID y el relacionamiento con ellos, Afrodes y otras organizaciones pudimos tener voz en la mesa de negociaciones de La Habana para exigirles a las partes involucradas la inclusión de las propuestas de los grupos étnicos; de ahí surgió lo que hoy conocemos como el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz”, dijo Córdoba.
El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), liderado por Richard Moreno, tuvo que suspender las actividades relacionadas con construcción de paz, fortalecimiento organizativo, seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, de mecanismos pacíficos de autoprotección en los territorios y gobernabilidad étnica, sobre todo en la Orinoquía y la Amazonía.
El daño, no obstante, pudo ser peor: “Desde hace dos años veníamos en proceso de construcción de una estrategia de autosostenibilidad, en cuanto a la venta de servicios, a cómo mantener el personal necesario que requeríamos y la diversificación de fuentes de financiamiento. Eso nos permitió que el golpe no fuera tan duro”, dijo Moreno.
Ahora mismo, a organizaciones como Consejo Nacional de Paz y Afrodes les preocupa que el vacío que deja la sociedad civil en los territorios sea ocupado por los grupos armados ilegales.
“Se siente la preocupación porque el acompañamiento en territorio permitía que los actores armados sintieran que las comunidades no estaban solas y, por lo tanto, entendieran que atacar las comunidades tenía un costo político tanto en lo nacional como en lo internacional”, explicó Moreno.
Córdoba y Moreno coinciden en que las medidas “antisolidaridad” que está tomando el Gobierno de Estados Unidos le puede pasar cuenta de cobro más adelante, tanto que, cuando quiera dar un reversazo, va a tener que establecer una “relación horizontal y no vertical” con los países receptores, así como con la sociedad civil.
“A EE.UU. le conviene que a América Latina le vaya bien”
Colombia es el país latinoamericano que más ayuda exterior proveniente de Estados Unidos recibió en 2024, aunque no figura entre las diez naciones receptoras de estos recursos en el mundo y los rubros de cooperación internacional representaron menos del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB), según Juana García Duque, doctora en estudios iberoamericanos y docente en la Universidad de los Andes.
La ausencia de estos recursos, sin embargo, la van a pagar las comunidades de territorios donde históricamente no ha habido mayor presencia estatal, los mismos donde ONG financiaban y ejecutaban proyectos económicos y sociales.
“En términos económicos, Colombia no es país que dependa de la ayuda exterior, pero en términos de legitimidad, de presencia en los territorios, sí es importante”, dice García Duque.
USAID tenía más de 80 programas y 2.000 actividades en el país, detalló a Bloomberg Línea un excontratista de un socio implementador extranjero, encargado del monitoreo de estos proyectos, que prefirió mantener su anonimato por no estar autorizado a hablar del tema.
Unos 140 colaboradores de dicho socio implementador quedaron sin empleo, puesto que cerró sus oficinas en el país, algunos con perfiles laborales muy altos, lo que les impide conseguir trabajo fácilmente, dijo el excontratista. Y trabajadores directos extranjeros de la USAID permanecen en Colombia en un limbo, a falta de la decisión final de la nueva administración de Estados Unidos una vez se completen los tres meses de congelamiento de los recursos.
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Por cuenta de la suspensión de los recursos de EE.UU. quedaron desfinanciados programas de la USAID como Destino Naturaleza, que impulsaba el turismo sostenible en subregiones que padecieron la violencia, entre ellos, Montes de María y el Pacífico, promoviendo la conservación de la biodiversidad y la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, pero también apoyando a las comunidades rurales.
Juntanza Étnica, un programa de USAID que buscaba fortalecer la identidad, autonomía, gobernanza y el desarrollo de los pueblos indígenas y afrocolombianos, también quedó en veremos. Y el asunto no es menor, teniendo en cuenta que contaba con US$60 millones, de los cuales alrededor de US$35 millones ya habían sido desembolsados.
Mariano Córdoba, de Afrodes, y Richard Moreno, de CONPA, aliados de Acdi Voca, la ONG estadounidense encargada de operar el programa Juntanza Étnica —junto con otras site organizaciones—, informaron que está levantando sus oficinas en Bogotá y que, incluso, estuvo donando los enceres. Sin embargo, Bloomberg Línea intentó contactar a un vocero de Acdi Voca, pero no lo consiguió.
USAID comunicó hace alrededor de tres semanas que los recursos inicialmente suspendidos definitivamente fueron cancelados, conforme Córdoba y Moreno.
Y el propio Donald Trump dejó ver lo que podía suceder, en su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos: “Escuchen algunos de los espantosos despilfarros que ya hemos identificado, 60 millones de dólares para el empoderamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dijo Voca.
Más allá de que el panorama parece nublado, Juana García Duque confía en que, una vez se cumplan los tres meses de la suspensión de los recursos, Estados Unidos siga otorgando ayuda internacional, solo que enfocada en sus intereses, como lo hace cada Gobierno de turno y cada país cooperante.
“Se ha evaluado solamente el impacto del congelamiento de estos recursos en los países receptores, pero esta medida también tiene un costo para Estados Unidos, es un costo muy grande”, dice García Duque. “La cooperación internacional ha sido un instrumento de política exterior durante muchos años. Y ese vacío que deja USAID le puede servir a otro jugador internacional”.
A su juicio, la ayuda exterior podría concentrarse en ciertos niveles temáticos, como la migración, y excluyendo otros, como el cambio climático y la población LGBTIQ+. Y la región seguramente continuará siendo una región receptora.
“A Estados Unidos le conviene que a América Latina le vaya bien, porque si no le va bien, va a haber más migración, riesgo de inseguridad, narcotráfico, delincuencia”, dijo García Duque. “Entonces va a ser una región que seguirá recibiendo recursos”.
