Bloomberg Línea — Si entre sus planes estaba acceder a la ciudadanía italiana gracias a que contaba con un bisabuelo o tatarabuelo oriundo de ese país, como quizá lo han hecho amigos argentinos, brasileños y venezolanos, ya no podrá hacerlo.
Una reforma al principio de us sanguinis —o “derecho de sangre”, con el que se determina quiénes pueden solicitar la ciudadanía italiana— busca que este derecho se limite.
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La iniciativa del Gobierno de Giorgia Meloni establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero cuenten con el derecho automático a la ciudadanía solo por dos generaciones, es decir, si tienen al menos un padre o abuelo nacido en Italia.
“El principio de ius sanguinis no se perderá y muchos descendientes de emigrantes podrán seguir obteniendo la ciudadanía italiana, pero se establecerán límites precisos, especialmente para evitar el abuso o la comercialización de los pasaportes italianos”, explica el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
La medida obedece, entre otras, a que en la última década el número de reconocimiento de la ciudadanía asociado al “derecho de sangre” incrementó en 40%, pues bastaba que los solicitantes comprobaran tener un vínculo con alguien nacido en Italia después de 1861.
Entre 2014 y 2024, los ciudadanos italianos residentes en el extranjero aumentaron de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones. Ahora mismo, hay más de 60.000 procedimientos judiciales pendientes para la determinación de la ciudadanía.
“La reforma, que alinea los criterios de reconocimiento de la ciudadanía italiana con los de nuestros socios europeos, liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, en la medida en que podrán dedicarse exclusivamente a quienes tienen una necesidad real, en virtud de su vínculo concreto con Italia”, argumenta la Cancillería de Italia mediante un comunicado.
¿Cómo y por qué afectará a los latinos?
El decreto-ley, que deberá ser ratificado por el Parlamento de Italia en cuestión de 60 días, afecta a Latinoamérica en la medida en que países como Argentina, Brasil y Venezuela acogieron a millones de inmigrantes italianos desde finales del siglo XIX a mediados del siglo XX.
Es decir, hay millones de latinoamericanos que, por su ascendencia italiana, podían solicitar la ciudadanía sin mayores restricciones, pero ahora solo podrán acceder a ese derecho si los nacidos en Italia son sus padres o sus abuelos.
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Un artículo de la Universidad Nacional de la Matanza en Argentina, titulado Historias de inmigrantes italianos en Argentina, consigna que el 90% de la población de su país “tiene alguna ascendencia europea y que al menos 25 millones están relacionados con algún inmigrante de Italia”.
Entretanto, la Cancillería italiana documenta que mientras en 2023 se otorgaron 20.000 ciudadanías a argentinos en 2023, la cifra incrementó a 30.000 en 2024.
Por otra parte, un artículo científico titulado Las raíces del Enoturismo en Brasil publicado en Via Tourism Review reseña que solo entre 1875 y 1900 ingresaron al país 1.040.815 italianos, de ahí que un sinnúmero de brasileños tenga ascendencia italiana.
Y según la Cancillería de Italia, pasó de entregar 14.000 ciudadanías a brasileños 2022 a 20.000 en 2024.
Hay otro dato que es muy diciente: Argentina y Brasil hacen parte de los tres países con ciudadanos italianos en todo el mundo; el otro es Alemania.
“Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos de ciudadanía 2023. Los italo-oriundos en el mundo que podrían pedir reconocimiento de ciudadanía con la ley actual son potencialmente entre 60 y 80 millones”, agregó la Cancillería, ahondando en el porqué de las medidas.
Pero habrá una segunda fase de la reforma a la Ley de ciudadanía: implicará que los ciudadanos nacidos y residentes en el extranjero están obligados a mantener vínculos reales con Italia, ejerciendo los derechos y deberes de ciudadano al menos una vez cada veinticinco años, como el pago de impuestos y participando en las elecciones.
