Bloomberg Línea — Una semana después del colapso de la discoteca Jet Set —tragedia que dejó más de 230 muertos en Santo Domingo— el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reconoció que existe un vacío legal en torno a la supervisión de infraestructuras privadas en la nación caribeña.
El desplome del popular centro nocturno en la madrugada del 8 de abril, aún bajo investigación forense para determinar sus causas, ha golpeado profundamente al país.
Entre las víctimas fatales se encontraban el cantante de merengue Rubby Pérez, quien actuaba cuando se produjo el siniestro; el exjugador de Grandes Ligas, Octavio Dotel; el exjugador de ligas menores, Tony Blanco, y la gobernadora de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz; el diseñador de modas Martín Polanco; y otras decenas de personas, cuyas identidades fueron confirmadas en los días posteriores.
En la conferencia semanal del lunes 14 de abril, Abinader dijo que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) trabaja en un anteproyecto de ley que establecerá la supervisión técnica obligatoria para construcciones privadas en República Dominicana. “Esperamos tenerlo listo lo antes posible”, afirmó.
El mandatario explicó que, a diferencia de las edificaciones públicas, evaluadas por entidades como la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad (Onesvie), las construcciones privadas no están sujetas a supervisiones obligatorias, una falta de control que quedó en evidencia tras el desastre en el Jet Set.
Actualmente, la Onesvie se encarga de evaluar riesgos sísmicos y promover estándares técnicos y educativos para construcciones seguras, pero su alcance se limita a edificaciones públicas, pero sin un marco legal que exija su intervención en obras privadas, su capacidad preventiva se ve restringida.
Abinader agregó que “todas las construcciones previas al 1979 no tenían normas sísmicas”, asegurando que buscarán llenar el vacío de la ley “para evitar que una tragedia así pase en el futuro y vamos a trabajar arduamente en ese sentido”.
Posibles repercusiones
El lunes también se conoció que los padres y la esposa del primer teniente de la Policía, Virgilio Rafael Cruz Aponte, uno de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca, presentaron la primera querella penal contra los propietarios del Jet Set.
La querella por homicidio involuntario se interpuso contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L, propietarios y gerencia de la discoteca, informó el abogado Felix Portes, abogado de la familia de la víctima, a medios nacionales.
La demanda también se interpuso contra el Estado dominicano, principalmente la Alcaldía del Distrito Nacional, por incumplimiento de sus deberes de supervisión del centro nocturno.
Los demandados consideran que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños que causan sus agentes, que actuaron negligentemente al no hacer una labor de supervisión al negocio.
El abogado Portes agregó que la Alcaldía del Distrito Nacional no hizo su labor de fiscalizar adecuadamente el uso de suelo y la seguridad de la estructura del Jet Set.
En Facebook, la abogada dominicana Luz Betances explicó que lo ocurrido en la discoteca podría tener consecuencias en materia civil y penal. “Desde el punto de vista civil, si se comprueba negligencia, los responsables podrían enfrentar una demanda por responsabilidad civil, lo que implicaría indemnizar a los familiares de las víctimas por los daños causados”.
En el ámbito penal, dijo la especialista, “si tras una investigación se identifican elementos suficientes, se podría abrir un proceso por homicidio involuntario”.
